La gran anomalía democrática: negociar el Gobierno con un prófugo de la justicia

El PSOE ha iniciado ya los primeros contactos con Junts. Se han producido acercamientos desde el Gobierno a  Carles Puigdemont. Una frase que, más o menos parecida a esta, se ha escrito y pronunciado en España en muchas ocasiones en las últimas horas como si fuera algo normal y natural. Y no lo es ni por lo más remoto, no podemos perder el foco ni la perspectiva. 

No es normal que un Gobierno se negocie con un prófugo de la justicia, con un presunto delincuente que encabezó lo más parecido a un golpe de Estado que hemos vivido en España desde el 23 de febrero de 1981. Es una gigantesca anomalía democrática. 

Con el diputado del voto CERA para el PP, al PSOE no le vale la abstención de los diputados de Junts, necesita el sí. Y, claro, eso sube aún más el precio que Sánchez tendrá que pagar a Puigdemont para seguir en la Moncloa. Si puede lo pagará, no hay duda

Por mucho que Moncloa y Ferraz se empeñen en vestirlo de acuerdo “progresista” para “frenar el avance de la extrema derecha”, la realidad es que no hay nada más retrógrado que sostener la gobernabilidad de España sobre sus enemigos y, de manera especial, sobre un prófugo. Hay que insistir en eso una y otra vez, hasta la saciedad para que si ese pacto se consuma al menos esté teñido de vergüenza y oprobio. 

Pedro Sánchez no es más hábil que otros, no tiene especial habilidad para llegar a acuerdos, simplemente tiene menos escrúpulos y ninguna línea roja que le detenga. Así es muy fácil pactar, podría hacerlo cualquiera. 

Un diputado más para el PP que sube el precio 

Ahora que el voto CERA, el voto de españoles residentes en el extranjero, ha dado un escaño más al PP en detrimento del PSOE, las cosas se han puesto más complicadas para Sánchez. Ya no le vale la abstención de los diputados de Junts, necesita el sí. Y, claro, eso sube aún más el precio que Sánchez tendrá que pagar a Puigdemont para seguir en la Moncloa. Si puede, no hay duda, lo pagará, y los perjudicados seremos los españoles.

No nos engañemos, las exigencias de Junts de una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña están fuera de la ley y de la Constitución. No hay manera de maquillar eso por mucho Conde Pumpido que valga, dispuesto a mancharse la toga del polvo político que levante Sánchez. No hay encaje legal posible. 

Una parte, en este caso Cataluña, no puede decidir el futuro de España. Porque España sin Cataluña dejaría de ser España, sería otra cosa distinta. Y eso no lo pueden decidir solo los nacidos en Cataluña ni aunque hubiera un sentimiento en ese sentido arraigado en el 90% de la población catalana. 

Si ese pacto se consuma estaremos ante un engaño masivo a los españoles, otro más, aunque a tenor de los resultados electorales lo cierto es que da la impresión de que a un porcentaje importante de la población le da igual ser engañado.