El pacto de Pedro Sánchez con Puigdemont: las claves de su ilegalidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid lo alertó tras la Junta Directiva Regional del PP de Madrid de este pasado miércoles. "Pedro Sánchez está mintiendo a la nación puesto que ya tiene el pacto con Puigdemont”, aseguró Isabel Díaz Ayuso. 

A tenor de los resultados que arrojaron las urnas el pasado 23 de julio, las dos opciones que se asemejan factibles para conformar un nuevo Ejecutivo son dos: uno, la investidura de Pedro Sánchez con sus socios habituales y, adicionalmente, la necesaria abstención de Junts (que quizás se tenga que convertir en un sí tras el recuento del voto extranjero o CERA); y, dos, un bloqueo que derive en una repetición electoral.

Sea como fuere, es cuanto menos destacable que la negociación de la gobernabilidad de España se asiente en una persona prófuga de la justicia española, acusada de perpetrar una declaración unilateral de independencia en el Parlament catalán para escindir Cataluña del conjunto de España, llamada Carles Puigdemont. Más relevante es, todavía, las peticiones que desde JxCat le exigen al PSOE para su apoyo: amnistía y referéndum de autodeterminación.

Dispuestos a analizar esta llamativa situación, desde ESdiario hemos contactado con varios abogados que nos explican la parte jurídica de este embrollo político. 

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Negociación de la investidura con un prófugo de la justicia

Ya ha habido “contactos informales” entre el partido de Carles Puigdemont y el PSOE, reconocen desde ambas partes. Y, aunque manteniéndolas con total discreción, la buena sintonía inicial muestra un camino favorable para los fines políticos de Pedro Sánchez.

La pregunta que primeramente puede surgir es, ¿hasta qué punto es legal negociar una investidura con un prófugo de la justicia que vive en Waterloo?  

“En principio Carles Puigdemont tiene intactos sus derechos políticos porque hasta la fecha no hay ningún pronunciamiento judicial en firme que le condene a la privación del derecho de sufragio activo o ejercicio de cargo público”, explica a este periódico el abogado en Palacio Lassaletta Pablo de Palacio.

En esta misma línea discurre el abogado Carlos Cotón, también consultado por ESdiario, “sí, es perfectamente legal. La situación legal de Puigdemont no influye en la autonomía política de Junts como partido político. Además, aunque lo podamos intuir, no sabemos si Puigdemont está actuando como interlocutor en las negociaciones con el Gobierno. Pero sí, es legal”.

“En puridad, Puigdemont no tiene un acta de parlamentario ahora por constituir ; es un mero negociador que habla en nombre los parlamentarios de Junts, que serán quienes votarán -individualmente- lo que consideren, pero él, como tal, no tiene limitación; solo la “legitimidad” que Sánchez quiera darle”, sentencia el también abogado Rodrigo García.

En todo caso, tal y como manifiesta Pablo de Palacio a este periódico, “otra cosa es que moralmente sea muy reprochable permitir que alguien que no confía en nuestro Estado de Derecho y en los poderes del Estado sea quién ahora negocie con éstos una posible investidura. Estaríamos más en el campo de la moralidad que en el de la legalidad”. 

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Amnistía y referéndum de autodeterminación, las dos exigencias de Junts

Dirimida la cuestión de la legalidad de los interlocutores en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, cabe preguntarnos por el contenido de ésta. Amnistía para los prófugos y referéndum de autodeterminación en Cataluña, las peticiones clave de los de Puigdemont al actual presidente del Gobierno en funciones.

El abogado Pablo de Palacio es contundente en su explicación: “La amnistía está prohibida expresamente. Por lo tanto no es un arma de negociación. Las negociaciones siempre deben versar sobre objetivos legales y posibles, no sobre conjeturas, ilusiones o suposiciones. En cuanto al referéndum, es sencillo. Siempre lo he dicho. Hay que resolver el conflicto político votando, pero no a cualquier precio y de cualquier manera. Se ha de conformar una mayoría de 3/5 partes en el Congreso que esté a favor de cambiar la Constitución y permitir un referéndum de autodeterminación. Hasta entonces no tendrá cabida en nuestro ordenamiento, y los políticos lo saben pero engañan a la gente”.

El abogado Carlos Cotón, por su parte, separa la cuestión jurídica del contenido político de la negociación: “Son peticiones y nada más. Por pedir, pueden pedir lo que quieran, pero hoy por hoy, con nuestra Constitución, no cabría la posibilidad del referéndum. Además que las normas europeas tampoco encuadran el contexto de Cataluña en ese supuesto. La amnistía tendría que materializarse por una Ley Orgánica en el Congreso. Se necesitaría una mayoría cualificada (o sea, muy elevada) para que saliera adelante”, sentencia. 

El también abogado Rodrigo García va más allá y abre la puerta a otras fórmulas que Pedro Sánchez, tal y como hizo en la pasada legislatura, pueda encontrar para eliminar las responsabilidades penales de los políticos catalanes prófugos de la justicia: “Son dos cosas distintas: una hipotética ley de amnistía, podría ser menos insconstitucional, aunque para vaciar sus responsabilidades penales, quizá haya otros instrumentos legislativos más sencillos, tal cual hemos visto en la pasada legislatura. Un referéndum de autodeterminación es directamente -ya no delito- pero sí sería un acto administrativo nulo de pleno derecho por ser, obviamente, contrario al ordenamiento… eso sí, con un Tribunal Constitucional , que quiera ejercer como tal”, añade.

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Teniendo en cuenta, por tanto, que el referéndum de autodeterminación no estaría ajustado a nuestra legalidad vigente, ¿tendría alguna alternativa Sánchez para barnizarlo de legalidad?

Para el abogado Pablo de Palacio no cabe ninguna posibilidad: “Las consultas no vinculantes no tienen demasiado sentido. Además, no tendría cabida porque tras esa consulta se pretende una posible separación del territorio español, lo cual está prohibido constitucionalmente y debería ser objeto de modificación antes de convocar ninguna consulta o referéndum”.

Siguiendo esa fórmula de referéndum no vinculante, el abogado Carlos Cotón incide en que: “Podría plantearse como referéndum no vinculante, pero eso requiere que se pregunte a toda la ciudadanía española y no solo a una parte de la ciudadanía del Estado. Es una competencia del Estado (Art. 92 CE y LO 2/1980, de 18 de enero)”.

El abogado Rodrígo García, por su parte, prefiere no especular: “Con Pedro Sánchez todo es posible… no me atrevo a elucubrar qué puede inventar”. 

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El futuro judicial de Carles Puigdemont

Más allá del contenido de la negociación y del pacto en sí mismo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, otro de las incógnitas es, precisamente, qué futuro judicial le depara al expresident de la Generalitat de Cataluña. 

“Para analizar el futuro de Puigdemont hay que tener en cuenta dos pronunciamientos judiciales de Europa. Por un lado, tenemos la sentencia del TJUE de 31 de enero de 2023 resolviendo las cuestiones prejudiciales planteadas por Pablo Llarena acerca de las euroórdenes. Y por otro lado la sentencia del TGUE de 5 de julio de 2023 confirmando la retirada de la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont y compañía. Desde que el TGUE confirmó la retirada de la inmunidad, Pablo Llarena podría volver a emitir nuevamente las euroórdenes que se tendrían que analizar a la luz de la sentencia del TJUE de 31 de enero de 2023 y, en consecuencia, sería improbable que algún Estado Miembro se negara a su entrega. La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha solicitado a Pablo Llarena que las vuelva a emitir, no obstante parece que el magistrado está esperando a conocer el recurso de casación que presentará la defensa de Puigdemont ante el TJUE contra la retirada de la inmunidad y que tiene de plazo hasta el 5 de septiembre”, explica a ESdiario Pablo de Palacio.

Carlos Cotón, por su parte, entiende la decisión de Pablo Llarena de postergar la emisión de nuevas euroórdenes: “La justicia europea podría devolverle la inmunidad parlamentaria a Puigdemont. Por eso Llarena prefiere esperar, porque podría dictar una nueva euroorden y al mismo tiempo, que la justicia europea volviera a darle inmunidad a Puigdemont. No serviría para nada. Hay que esperar”. 

Rodrigo García es, si cabe, más optimista con la puesta a disposición judicial de Puigdemont. El abogado considera que “ fecha de hoy, su aforamiento como eurodiputado ha sido limitado y se ha abierto la opción de que una euroorden, emitida conforme a su nuevo estatus, permitiría ponerlo a disposición judicial”. 

En todo caso, tal y como explica a este periódico el abogado Pablo de Palacio, “Carles Puigdemont no forma parte de las listas de Junts. Por lo tanto, aun en el supuesto de que se alcanzara un acuerdo, no sería necesario que estuviera presente en la sesión constitutiva del Congreso”. Y, en cuanto a su futuro procesal, incide el abogado, “me cuesta compartir el criterio del Tribunal Supremo consistente en atribuirle un presunto delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada” porque “desde que en diciembre de 2022 se eliminara el delito de sedición y se modificara el de malversación, éste último requiere un ánimo de lucro personal o de terceros que el Tribunal entiende cumplido por el hecho de destinarse dinero a un fin ilegal e inconstitucional que sólo beneficia al independentismo”. 

En cuanto a su entrada en la cárcel, Carlos Cotón entiende que “si Puigdemont no vuelve a tener inmunidad, en el momento en el que pisara España sería detenido de forma preventiva a la espera de que se le abriera juicio (en el que sería previsiblemente condenado)”.

Y aún entrando en la cárcel Puigdemont, la investidura de Pedro Sánchez -con el apoyo de Junts- no estaría, en absoluto, en peligro. “A diferencia de Junqueras, que en la anterior investidura, poseía escaño, Puigdemont no tiene acta y por lo tanto, al no ser diputado, su concurso es meramente político, no vota en el parlamento”, sentencia el abogado Rodrigo García.