Los adinerados ya pagan más impuestos en España, pero Sánchez los usa para distraer la atención y no enfrentarse a rebajas reales a quienes pagan de más, los trabajadores.
La ola de rebajas fiscales desatada por Andalucía, en la línea de Madrid, ya es imparable: todas las Comunidades gobernadas por el PP aplican ya o van a aplicar deflactaciones en el IRPF, con Murcia como última en dar un paso absolutamente necesario y cargado de lógica: no puede ser que el Gobierno haga sus cálculos recaudatorios sobre un dinero que, en realidad, ya no tienen los contribuyentes por el sobrecoste generalizado de la inflación.
Y todavía es más inaceptable eso al ver las consecuencias: mientras todo el mundo ha perdido cerca de once de cada cien euros que tenía, por la depreciación de su renta y de sus ahorros, el Gobierno está haciendo su agosto confiscatorio, con un exceso de ingresos que a finales de año puede rondar los 32.000 millones de euros.
Devolverle ese excedente a los ciudadanos es un acto de justicia elemental: la recaudación ha de venir de una política fiscal razonable, y su crecimiento debe proceder de una mayor prosperidad. Pero en España deriva, en exclusiva, del encarecimiento brutal de todo y de los "beneficios caídos del cielo" que este trágico fenómeno tiene para las arcas públicas.
En ese contexto, improvisar ahora un "Impuesto a las grandes fortunas" es inútil y demuestra cuál es el objetivo del Gobierno; desviar la atención de su usura fiscal señalando un objetivo vendible para, a la vez, no tener que aplicar en toda España lo que el PP ya aplica en el tramo del IRPF gestionado en sus Comunidades.
Buscar el enfrentamiento entre "ricos y pobres", como si la situación de los segundos fuera una consecuencia de la codicia insaciable de los primeros, no solo es falso con un sistema tributario que ya es progresivo, sino que añade una tensión social maniquea improcedente a los problemas ya enormes que padece el país.
Pero lo sirve a Sánchez, tal vez, para maquillar su irresponsabilidad y tapar la evidencia de que, si alguien está extrayendo recursos a las rentas bajas y medias, a los autónomos y a los trabajadores, a los pequeños comercios y a las pymes, es él: más del 90% del exceso de recaudación que está logrando el Gobierno por la inflación viene del IRPF y del IVA. Es decir, de los empleados y las pequeñas empresas. Y es a ésas a quienes se niega a ayudar. Los "ricos" son solo una excusa.