Si Sánchez denigra al Tribunal Constitucional, denigra también la democracia

El Gobierno de España ha proseguido en su escalada de críticas a la última instancia judicial que le quedaba por estigmatizar y la más simbólica de todas ellas: el Tribunal Constitucional, atacado durante dos días ya por declarar ilegal el primer estado de alarma, aprobado en marzo, en lo referente al confinamiento total de la población.

Si el primer día fue la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien repudió la sentencia; ayer fue la ministra de Defensa y jueza en excedencia, Margarita Robles, que acusó al Constitucional de actuar con “elucubraciones doctrinales” para tomar una decisión a su entender injusta.

El Gobierno, lejos de rectificar y disculparse, entiende que tenía derecho a confinar a los ciudadanos y cerrar España de facto durante 98 días de cualquier forma, despreciando el criterio del Constitucional, que no critica lo que se hizo, sino cómo se hizo: con un estado de alarma en lugar de con un estado de excepción, necesario para suspender derechos fundamentales como el de movilidad y a la vez más adecuado para mantener un control más elevado de la acción del Ejecutivo.

Sánchez anuló derechos fundamentales con un estado de alarma inconstitucional

El fallo del Constitucional obedece a razones jurídicas muy precisas y no atiende a razones ideológicas, como demuestra la división de los magistrados en el voto: entre los cinco que votaron a favor del Gobierno figura Andrés Ollero, exdiputado del PP y propuesto por éste para el Alto Tribunal.

Sánchez tapa las consecuencias políticas de su ilegalidad aumentando la presión contra la separación de poderes

Con estas presiones, que incluyen las previas de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo a la magistrada Encarnación Roca para que votara a favor del Estado de Alarma, el Gobierno corona la mayor invasión a la separación de poderes que se recuerda desde 1978.

Regresión democrática

En tres años ha colonizado la Abogacía del Estado y la Fiscalía General; ha invalidado con indultos la sentencia más relevante del Tribunal Supremo y ha intentado asaltar y paralizar el Consejo General del Poder Judicial para adaptarlo a sus necesidades, con advertencias incluso de la Unión Europea.

Se trata de una escalada inaceptable que socava los pilares del Estado de Derecho y denota una inquietante deriva antidemocrática que conviene no infravalorar: todo lo que parecía increíble hace tres años, como el sometimiento al independentismo, la subordinación a Podemos o los pactos con Bildu, ha terminado también por suceder.