Bien Feijóo: solo puede haber pacto si Sánchez renuncia a asaltar la Justicia

Pedro Sánchez recibió en Moncloa a Núñez Feijóo para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial, achacable en exclusiva al obsceno deseo del presidente de doblegarlo y someterlo, como ya ha hecho con la Abogacía del Estado o la Fiscalía General.

Esa intentona es la que explica el bloqueo y no, como sostienen los altavoces del Gobierno, el inconfesable deseo del PP de controlar los órganos de gobierno de los jueces y los tribunales, audiencias y salas derivadas de esa ascendencia: si Sánchez hubiera aceptado la doble premisa de que la Justicia ha de ser independiente y de que la intromisión en ella desde la política ha de ser mínima y transversal, hace tiempo que se hubiera resuelto esta lamentable crisis institucional.

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Pero no lo ha hecho, pese a las advertencias sistemáticas de Europa y la protesta casi unánime de la judicatura, y de no ser por la resistencia a las presiones de una parte de los magistrados y de la oposición, en estos momentos el Consejo General sería una extensión peligrosa del CIS, de RTVE o de cualquiera de las instituciones colonizadas por un presidente sin líneas rojas.

En ese sentido, ya es una victoria de Feijóo haberle obligado a sentarse e intentar hacerle entender que, o el pacto es decente en la línea de despolitizar la Justicia, o el bloqueo proseguirá: no es lo mejor, sin duda, pero mucho peor es ceder por agotamiento y tolerar un asalto incompatible con la naturaleza del Estado de Derecho, sustentado en una clara separación de poderes.

Feijóo debe aguantar

La indefinición de Sánchez tras la reunión, resumida en una intervención llena de generalidades de su delegado Bolaños, no permite alcanzar conclusiones precipitadas. Pero las palabras de Feijóo, a través de González Pons, sí avalan una cierta tranquilidad.

Porque solo habrá acuerdo si se renueva el CGPJ con perfiles tolerables, se arranca la reforma legal para aumentar la participación de los jueces en su gobierno y disminuir la de los políticos y se emprende a la vez que la del Tribunal Constitucional. De ahí no se debe mover Feijóo, por el bien de la salud democrática de España.