El Gobierno revisa 237 millones en ayudas a ONG de inmigración por orden europea

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado los trámites para revisar el buen uso de casi 237 millones de euros en subvenciones a ONG que habitualmente trabajan con población inmigrante, según ha sabido ESdiario de fuentes del mismo. 

No lo hace motu proprio, sino obligado por la Unión Europea, que ha pedido cuentas al Gobierno de España. Puesto que todos los proyectos subvencionados, 725 en total, han sido cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la UE entre los años 2017 -durante la última etapa de Mariano Rajoy- y hasta 2020, incluido. El grueso de las subvenciones, por valor de casi 193 millones de euros, se concentra en los ejercicios de 2019 y 2020.

El FAMI  cofinancia habitualmente "acciones que van dirigidas a reforzar y desarrollar todos los aspectos del sistema europeo común de asilo, la migración legal y la integración de nacionales de terceros países, el retorno voluntario y a aumentar la solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros más afectados por los flujos migratorios y de asilo". Entre ellos, España.

Entre los beneficiarios figuran Cruz Roja Española, la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado y ACCEM. Esta última está ahora en el ojo del huracán porque gestiona el campamento Raíces en La Laguna (Tenerife), donde vienen registrándose graves altercados en las últimas semanas. El último fue el martes, con ocho detenidos y una decena de heridos. 

Un detenido en los altercados del martes en el campamento Raíces.

La revisión llevará dos años, puesto que supone escudriñar una cantidad ingente de documentación y además hacer visitas in situ. La Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio calcula que el número de verificaciones administrativas ascenderá a 725, y otras 59 sobre el terreno. De hecho, tiene previsto contratar una empresa externa para que le ayude por falta de medios materiales y humanos.

El departamento de José Luis Escrivá dispone de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para enviar toda la documentación a la UE. De no hacerlo España se enfrentaría a un problema muy serio, advierten desde el Ministerio: supondría tener que devolver los pagos anticipados por el FAMI a España y, además, no recibir las ayudas previstas. 

España siempre está en el radar de la UE, porque hay algún precedente que no habla en su favor. En 2014 la Comisión Europea cortó el grifo del Fondo Social Europeo a la Junta de Andalucía durante varios ejercicios ante las irregularidades detectadas en los cursos de formación y otras ayudas. Aunque el Gobierno regional, entonces socialista, ocultó la decisión de la UE hasta que una funcionaria de la División de Control de Fondos Europeos y Subvenciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía lo reveló.

En concreto los 725 proyectos que han de ser revisados recibieron 236.729.052 euros en subvenciones. En 2017 fueron 151 programas por valor de 15,7 millones de euros; en 2018 fueron 199 por valor de 28,7 millones; en 2019 fueron 236 proyectos que recibieron ayudas equivalentes a 124 millones; y en 2020 139 iniciativas por un montante de casi 68,9 millones.