Un nuevo cisma en Frankenstein deja empantanada otra promesa estrella

La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana -rebautizada como ley mordaza por la izquierda-aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, fue una de las banderas de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y una de sus promesas electorales estrella.

Pero, al llegar a Moncloa, se olvidó y la ley continúa estando vigente tres años después. Tras las constantes presiones de sus socios, Sánchez abrió el melón de la reforma hace unos meses, pero esa reforma de la ley sigue sin llegar a buen puerto y acumula retraso tras retraso por las diferencias dentro de la llamada coalición Frankenstein.

El primer escollo fue las continuas protestas de los sindicatos y organizaciones policiales ante las enmiendas que se pretendía incluir a la ley derogando algunos artículos, algo que situó en el centro de las críticas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, obligado a parar los pies a los socios de Sánchez y recular en algunos aspectos de la reforma.

Miles de policías se echan a la calle para exigir a Sánchez que les deje trabajar seguros

PSOE y Unidas Podemos presentaron en noviembre del pasado año un texto común de enmiendas, pero las negociaciones entre el resto de fuerzas que apoyan al Gobierno como ERC, Bildu o PNV, se han ido prolongando.

Primero se optó por esperar a que pasaran las elecciones en Castilla y León, luego en febrero y marzo hubo contactos y reuniones, y ahora se pospone la negociación para después de Semana Santa.

Mientras, los socios de Sánchez siguen poniendo piedras en el camino para llegar a un consenso. El último, un documento de ERC con hasta 11 exigencias sobre artículos ya pactados que complica la reforma. Porque los votos de los diputados de Gabriel Rufián son imprescindibles y estas nuevas exigencias encallan todavía más la reforma.

Catálogo de diferencias entre socios

Encima de la mesa, las principales diferencias entre el PSOE y sus socios son asuntos como las llamadas expulsiones en caliente, que los socialistas quieren pasar a la ley de extranjería y sus socios eliminarlas de cualquier texto legal.

También el uso de pelotas de goma por parte de las FSE, que ERC y Bildu quieren prohibir mientras que los socialistas se inclinan por negociar otros medios y por no vetarlas. La presunción de veracidad de las declaraciones de los policías también enfrenta al PSOE con sus socios, que quieren eliminarlas, mientras los socialistas no son partidarios para no soliviantar a los sindicatos policiales.

El tema de las identificaciones arbitrarias en la vía pública es otro debate encima de la mesa, que los socios de Sánchez presionan para ponerles coto. Y mientras, la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy sigue estando plenamente vigente y siendo una herramienta por cierto utilizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a falta de concreción del compromiso de Sánchez.