Ya hay Ley de Amnistía: inventa su constitucionalidad y deja a Puigdemont libre

Ya se ha filtrado el texto que el PSOE y sus socios van a registrar en el Congreso como Ley de Amnistía. Bajo el nombre de ‘Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña’, la amnistía llega a la Cámara Baja para ser aprobada a la vez que la investidura de Pedro Sánchez.

Un texto que, en el momento en el que tenga luz verde, permitirá la vuelta inmediata del prófugo Carles Puigdemont a España al dejarlo limpio de todo delito. La Ley de Amnistía se inventa su propia constitucionalidad -ya que el Tribunal Constitucional no ha dictaminado aún sobre la misma-, y para ello se apoya en la amnistía de 1977 tras el franquismo o en las realizadas por otros países, incluso la de Portugal para perdonar delitos leves a jóvenes como medida de gracia por la visita del Papa.

En el artículo primero se detalla qué delitos y procedimientos se disponen la ley del PSOE y sus socios a amnistiar. Se especifica que serán todos aquellos que encuentren en “el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023”.

Por tanto, el texto amnistiará no sólo el referéndum ilegal o la declaración de independencia, sino también los episodios de violencia vividos posteriormente en Cataluña, algunos pendientes de juicio bajo la acusación de terrorismo como los de los CDR y Tsunami Democràtic. La ley excluye los casos de torturas o muerte, cosa que no se ha producido y por tanto no afecta a los actos violentos del independentismo.

Amnistiados desde la malversación a los desordenes públicos

Según el texto, quedan amnistiados “delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación”, “actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia”, y también a quienes “hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo”.

En el artículo 4 se habla de que "se procederá a la eliminación de antecedentes penales derivados de la condena por el acto delictivo amnistiado. Quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", un párrafo que parece pensado para la vuelta de Carles Puigdemont a España.

El texto de la Ley de Amnistía insiste en el argumentario del PSOE de la “reconciliación”, repitiendo que “persigue la consecución de un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas”.

La Ley de Amnistía se ampara mucho en casos europeos, y cita “el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda o Suecia, ello no ha impedido que se afirmara su constitucionalidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se han promulgado más de medio centenar de estas leyes en los citados países, considerando la propia doctrina que una amnistía es aplicable en el Estado constitucional en circunstancias de especial crisis política”.

¿Qué pasa con el lawfare?

Uno de los asuntos más problemáticos, el lawfare, no aparece curiosamente por ningún lado el texto de la Ley de Amnistía pese a sí estar escrito en el documento del pacto entre el PSOE y Junts. La proposición de ley de amnistía dejaría por tanto fuera a determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts y PSOE, sí que podrían haber tener cabida como el del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, el de la ex presidenta del Parlament, Laura Borràs o el de la familia Pujol.