La cúpula del PP estaba avisada de los negocios turbios de De la Serna

Era cuestión de tiempo que los negocios del diputado Pedro Gómez de la Serna como intermediario y comisionista en el extranjero acabaran estallándole al Partido Popular, donde muchos llevan años con la mosca detrás de la oreja. No puede decir Mariano Rajoy que no fuera advertido al respecto porque sí lo fue, según le consta a ESdiario, aunque aun así el presidente optara por mantenerlo en las listas al Congreso como número dos por Segovia. 

El resultado es que, en plena campaña, el PP se va visto abocado a abrir un expediente disciplinario a Gómez de la Serna y otro a Gustavo de Arístegui, compañero de fatigas. Hay más. La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, también ha iniciado una investigación para averiguar si Arístegui pudiera haber incurrido en una incompatibilidad entre su cargo de embajador en La India y sus negocios. No en vano facturó uno de los trabajos siendo ya el máximo representante de España en el país.

El 15 de julio de 2013, hace ya casi dos años y medio, Antonio Martín Beaumont publicó en su columna de El Semanal Digital -precursor de ESdiario- un artículo que empezaba así:

"Unos, como Javier Arenas, Alfredo Prada o Pedro Gómez de la Serna apoyaron a Luis Bárcenas con uñas y dientes. Cada uno de ellos, o los tres conjuntamente, deberán explicar los motivos. El periodista de El Mundo Eduardo Inda, afirma, apoyándose en sus fuentes en la UDEF, que las cuentas suizas del ex tesorero son de varias personas. Más dudas todavía. En el momento actual las cosas no están ya como para poner la mano en el fuego por nadie".

Gómez de la Serna no dudó en enviar un desmentido a la redacción tildando tales afirmaciones de "completamente falsas e injuriosas, cuando no calumniosas" y desvinculándose por completo de una persona, Luis Bárcenas, con quien todo el mundo en el PP sabe que mantenía una estrecha relación. No obstante él ha corrido mejor suerte que otro de los protagonistas, Alfredo Prada, apartado de las listas electorales en cuando el partido ha podido quitárselo de en medio.

Tanto Gómez de la Serna como Arístegui han repetido hasta la saciedad en las últimas horas que los contratos en los que intermediaron estaban autorizados por el Congreso y los beneficios que obtuvieron declarados a Hacienda. Pero no es del todo cierto.

Lo único que hace la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso, la encargada de dirimir -con una vara bastante laxa- si las actividades privadas de un parlamentario son compatibles con su escaño o no, es aprobar una actividad de un diputado o su participación en empresa. Por ejemplo, una consultora. Pero no entra a valorar a qué clientes presta servicio ni los intereses de estos, y he ahí el gran coladero. Y las dudas éticas.

Meses antes que Gómez de la Serna y Arístegui otro diputado y otro embajador, Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo, también estuvieron en la picota por una cuestión parecida: la Agencia Tributaria descubrió que, siendo diputados, ambos habían cobrado de una empresa especializada en obra pública (y adjudicataria de varios parques eólicos en Castilla y León) por trabajos de asesoría. 

Su respuesta de entonces fue la misma verdad a medias que la de los dos protagonistas de ahora: que el Congreso autorizó tales trabajos y por tanto eran legales. No obstante, una cosa es la legalidad y otra la moralidad. Y en esto se escudan quienes están reclamando en el PP un gesto rápido y contundente hacia Arístegui y Gómez de la Serna. Este último de momento tiene muchas papeletas para ser elegido de nuevo diputado el 20 de diciembre por otros cuatro años.