A Díaz le estalla una nueva trama de enchufes para "hijos de" en el peor momento

Mientras el PSOE alardea de bloquear el Gobierno del PP alegando corrupción y postulándose para un gobierno "cambio", Pedro Sánchez se desayunaba este jueves con un titular de esos que echan por tierra su idílico discurso contra los de Mariano Rajoy. Por si a alguien se le había olvidado uno de los mayores casos de corrupción política que ha vivido España se ha dado en la Andalucía socialista y los ERE no son el único ejemplo de la peor cara de "casta" política. 

Claro que en pleno debate interno socialista por suceder a un Sánchez con cada vez más enemigos dentro de sus propias filas y con todos los ojos dirigidos hacia Susana Díaz tampoco es que a la baronesa andaluza le venga especialmente bien que se airee un nuevo escándalo de enchufes para "hijos de alcaldes socialistas" en su Comunidad. 

Y es que, según El Mundo, la Junta de Andalucía que preside Díaz ha utilizado los cargos 'fantasma' que proliferaron en consejerías como la de Educación, Cultura y Deporte, durante la etapa del ex consejero Luciano Alonso, para colocar a hijos de alcaldes del PSOE.

Así queda reflejado en el auto dictado este miércoles por el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pascuau Liaño, en el que ordena continuar la causa contra el ex consejero del Gobierno andaluz Luciano Alonso, por los trámites del procedimiento abreviado, al apreciar indicios de prevaricación en los nombramientos que hizo de tres cargos 'fantasma'.

Para el TSJA, el 'modus operandi' empleado por Alonso para nombrar a estos cargos irregulares "comporta indiciariamente un fraude deliberado, en perjuicio de las normas que limitan el nombramiento de personas de confianza, sin publicidad ni concurso para funciones de asesoramiento en la Consejería".

El hecho de elegir a una persona relacionada con el PSOE es "absolutamente irreprochable" en el gabinete de asesoramiento personal y de confianza del consejero; pero "dado el privilegio que comporta poder emplear dinero público en la contratación de personas elegidas con total libertad, al margen de los condicionamientos de mérito y capacidad, es una exigencia mayor del ordenamiento jurídico el que dicho privilegio se ciña a las determinaciones normativas, a fin de evitar un uso indebido como el que en este caso indiciariamente se ha producido", concluye el TSJA.