El PP pide a Armengol que disuelva los grupos de Junts y ERC por "fraude de ley"

"Indudable fraude de ley". Esa es la afirmación del PP sobre el "préstamo" de diputados que hicieron el pasado mes de agosto el PSOE y Sumar para que las formaciones independentistas de Junts per Catalunya y ERC tuvieran un grupo propio cada una. La propuesta, aceptada por la la Mesa del Congreso, presidida por Francine Armengol, contó con el voto en contra de los populares.

Por ello, en dos escritos dirigidos a la Cámara Baja, los de Feijóo solicitan a la presidenta que disuelva ambos grupos parlamentarios y que se integren en el Mixto. Argumentan que el PSOE y Sumar cedieron un número concreto de diputados para que la Mesa del Congreso pudiera interpretar, "erróneamente", que Junts y ERC superaban los requisitos para tener grupo propio.

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Esa argucia, puesta en cuestión desde el minuto uno, quiere que sea reconsidera por Armengol el próximo martes, cuando se volverá a reunir la mesa. "Sólo así se podrían reestablecer los derechos fundamentales del resto de diputados, que han sido vulnerados, así como el que tienen los ciudadanos a la representación política y el principio de igualdad".

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 Además, y para más inri, los diputados cedidos por el PSOE y Sumar ya han solicitado su regreso a las filas de sus formaciones lo que, a juicio del PP, "además de evidenciar el fraude de ley perpetrado, provoca el cese en el cumplimiento de dichos requisitos".

Requisito impuesto por los independentistas

En este sentido, hay que recordar que para poder constituirse en grupo el Reglamento de la Cámara establece que estos han de tener un mínimo de cinco diputados y superar el umbral del 15% del apoyo en las circunscripciones donde se presentaron o el 5% de los emitidos en el conjunto del país. Las dos formaciones independentistas catalanas superaron el 15% en dos provincias pero no alcanzaron ese umbral en otras dos. Sin embargo, la Mesa -con mayoría de PSOE y Sumar- se pronunció de forma contraria.

¿El motivo? Adivinen. Era uno de los requisitos impuestos por los independentistas catalanes empezar a negociar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.