Casado reta a Sánchez a cortarle el grifo al independentismo radical

Cortarle el grifo del dinero público a los independentistas radicales. Eso es lo que va a reclamar el PP en el Congreso con una propuesta para suspender parcialmente o limitar las subvenciones a aquellos partidos que tengan en su seno a condenados como delitos como la rebelión, la sedición o contra la Corona, las instituciones del Estado o la separación de poderes, que podrían afectar directamente a formaciones como Esquerra Republicana (ERC), el PDeCAT o la CUP.

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha explicado que la proposición de reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que han presentado persigue que no se destine "ni un euro público" a aquellas formaciones que mantengan en sus filas a condenados por delitos "contra la democracia".

A principios de mes, cuando el líder del partido, Pablo Casado, lanzó esta idea habló de suspender las subvenciones públicas a aquellos partidos que alienten la violencia o inciten a la confrontación civil en Cataluña.

En su iniciativa, los 'populares' señalan que los recientes acontecimientos derivados de los intentos de los independentistas de "quebrar la unidad de España" hacen necesario poner el foco de atención sobre quienes, valiéndose de las instituciones y los propios partidos, "pretenden socavar los cimientos de la democracia y la soberanía nacional.

En concreto, la reforma persigue establecer un mecanismo para que el Consejo de Ministros pueda suspender temporalmente o limitar de manera parcial la financiación de fondos públicos estatales que reciben aquellos partidos con personas condenadas por delitos de los citados pero, eso sí, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra ellos para expulsarles.

Se trata, resume el PP, de "un claro incentivo" para que los partidos expulsen de su seno a quienes incurren en "los más graves delitos contra la Constitución y la democracia", y evitar que el erario público pueda ser "fuente de financiación" de tales conductas.

El PP también propondrá reformar  la Ley de Acción Exterior para que tampoco se se utilice el presupuesto público para financiar "falsas embajadas" que hablen "mal" del país o vayan en contra de la política exterior española.

El partido que lidera Pablo Casado plantea que este instrumento para reducir o suspender de manera temporal la financiación a los partidos se podrá iniciar a propuesta del ministro del Interior de turno -dadas sus competencias en materia de partidos políticos-, así como a propuestas del Congreso o del Senado.

En el texto, el PP deja claro que con esta iniciativa no pretenden ilegalizar un partido sino "detener" que la financiación que se le da para cumplir con sus fines democráticos se destine a sufragar la actividad que realicen personas condenadas por delitos contra tales fines y valores democráticos.

Coto a las embajadas catalanas

Asimismo, el PP ha registrado otra iniciativa para poner coto a las conocidas como 'embajadas' catalanas. Se trata de una proposición de reforma de la Ley de Acción Exterior para que tampoco se utilice el presupuesto público para financiar "falsas embajadas" que hablen "mal" del país o vayan en contra de la política exterior española.

En concreto, se subraya que el Estado no podrá permitir que desde las oficinas autonómicas en el extranjero se cause perjuicio a la imagen de España y se actúe en contra de la Constitución.

"Las circunstancias actuales aconsejan reforzar los mecanismos de actuación ante este abuso institucional y competencial, que redunda únicamente en el perjuicio común de nuestra sociedad, con toda la repercusión negativa sobre intereses comerciales, turísticos y de consideración de España en el mundo globalizado que ello comporta", indica la iniciativa.