Ni auditoría, ni comisión parlamentaria, ni juicios: Sánchez no quiere testigos

El jueves próximo el ministro de Sanidad se reunirá con un grupo de científicos españoles que está haciendo presión para que el Gobierno de Pedro Sánchez encargue, de una vez por todas, una auditoria externa e independiente que permita averiguar por qué España es el gran agujero negro mundial de la Covid-19.

Salvador Illa ha accedido a mantener un encuentro con ellos después de que el grupo, encabezado por el profesor de epidemiología en ISGlobal y la Universitat de Barcelona Alberto García-Basteiro, publicara una segunda carta en la revista médica The Lancet.

Pero, o mucho cambia la cosa en estos días o lo que Illa va a hacer es darles largas: según el ministro, ahora no es momento de despistarse con auditorías porque la prioridad del Ejecutivo es luchar contra la segunda y virulenta oleada.

Sucede que el Gobierno de Sánchez ha ido cerrando todas y cada una de las puertas a la investigación de lo ocurrido en estos meses, evitando asumir cualquier responsabilidad, ya sea en la esfera política, judicial o estrictamente sanitaria.

El presidente se ha negado a una comisión de investigación en el Congreso, ha puesto a la Fiscalía como dique de contención frente a toda querella o denuncia en el Tribunal Supremo y tampoco quiere una auditoría que ponga en entredicho la gestión sanitaria desempeñada por Illa y Fernando Simón. Al contrario de lo que ocurre en buena parte de Europa, donde los países miembros hacen examen de conciencia y propósito de enmienda. 

Salvador Illa y Fernando Simón.

Y tampoco ha depurado responsabilidades. En este medio año en España ha habido únicamente cuatro dimisiones, y ninguna en el Gobierno central: los consejeros de Sanidad de Aragón, Canarias y La Rioja y la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Por contra, en el mundo han caído ya varios ministros de Sanidad. El último, hace apenas cuatro días, el de la República Checa. Antes, los de Chile, Brasil, Nueva Zelanda, Rumanía y Holanda.

Una comisión de investigación, no

En el terreno político el propio Sánchez ofreció en el Senado, allá por el mes de junio, crear a la vuelta del verano una comisión de evaluación sobre el coronavirus en las Cortes, donde pudiera celebrarse un "debate constructivo sobre las cosas que tenemos que aprender de esta pandemia", afirmó textualmente.   

Este mes de septiembre el PP ha intentado sacar adelante una comisión de investigación a tales efectos en el Congreso y se ha encontrado con el freno de la mayoría que forman el PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso. Lo irónico es que, en comunidades donde gobierna el PP, como Galicia, los socialistas están exigiendo comisiones de investigación sobre la gestión sanitaria y las residencias en aras de la transparencia. 

Los tribunales, menos aún

En el terreno judicial, la obsesión del Gobierno de salir indemne de esta crisis ha provocado no pocas tensiones en la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado. La semana pasada el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, pidió en un informe de 300 páginas dar carpetazo a todas las querellas presentadas contra Sánchez, Illa y otros miembros del Ejecutivo por delitos contra la seguridad de los trabajadores, homicidio imprudente, prevaricación administrativa...

Queda conocer el informe referido a las denuncias, pero es muy probable que siga el mismo camino.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, junto a Dolores Delgado.

Esta semana Navajas denunció en Onda Cero que dos fiscales cercanos al PP, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, le habían tratado de "influenciar" para que diera trámite a algunas querellas. Y voilà: ahora los únicos investigados son ellos dos.

En Francia fue la propia Fiscalía la que, en julio, abrió una investigación contra Edouard Philippe, primer ministro hasta hace mes, y los exministros de Salud Olivier Véran y Agnès Buzyn. Ello en respuesta al centenar de denuncias presentadas por sindicatos médicos, víctimas y otro tipo de colectivos afectados, como en España.

En Italia, el primer ministro, Giuseppe Conte,y sus ministros de Interior y Sanidad tuvieron que declarar en junio ante el fiscal de Bérgamo, que en febrero se convirtió en el epicentro del coronavirus en Europa. 

Una auditoría, tampoco

Por último, en lo que respecta a la auditoría independiente que el Gobierno niega a España, en otros países europeos no han tenido tantos reparos. En Alemania desde el verano trabaja en ello un grupo de médicos y científicos capitaneados por el doctor Bodo Schiffmann, que cuestiona la "proporcionalidad" de algunas de las medidas adoptadas desde las administraciones germanas.

En Suecia fue el propio primer ministro, Stefan Lofven, el que impulsó una auditoría externa, en un país que desde el principio optó por evitar el confinamiento y apostar por la llamada inmunidad del rebaño. 

De una u otra forma, la mayoría de países europeos han abierto las ventanas y levantado las alfombras para ventilar. Que es, además, una de las recomendaciones de los médicos para luchar contra el coronavirus. En España, no.