Marchena y Llarena frente a Pumpido por la huida hacia adelante de Sánchez

“Es algo que lo más prudente es cuestionar”, ha advertido Vicente Guilarte, presidente del CGPJ. “Lo primero es debatir si cabe en la Constitución”, ha apostillado Pablo Llarena, instructor en el Tribunal Supremo del caso Puigdemont.

Estas dos declaraciones coincidentes en el tiempo -ambas se produjeron este mismo lunes- demuestran que el balón de la ley de amnistía que prepara Pedro Sánchez se mueve ya en el terreno de juego judicial. Para el asombro de la mayoría de los miembros del Supremo, atónitos ante el desmontaje de la instrucción y la sentencia de la Sala de lo Penal sobre el 1-0. Quien guarda silencio, de momento, es el responsable de la misma Sala, el juez Manuel Marchena.

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Según las fuentes consultadas por ESdiario en el TS, los magistrados viven estos días el debate sobre la amnistía entre el "estupor, la indignacion y la preocupación". “Se está cuestionando nuestro trabajo, primero con los indultos y luego con esto”, afirma un magistrado de la plaza de la Villa de París.

La advertencia del magistrado Pablo Llarena, el hombre que marca a Puigdemont: "Los jueces son responsables, inamovibles, independientes y están sometidos exclusivamente al imperio de la ley".

Lo curioso, es que los mensajes que se van encadenando desde el Supremo no van tanto dirigidos a los partidos o a La Moncloa sino al Tribunal Constitucional.

El magistrado Manuel Marchena, al frente del tribunal del juicio del 1-O

Tanto en las palabras de Guilarte como de Llarena hay un mensaje implícito al actor imprescindible para abortar desde la Justicia la huida hacia adelante del PSOE: el Tribunal Constitucional y su polémico presidente Cándido Conde Pumpido al frente de la llamada mayoría progresista que Sánchez se cuidó mucho de imponer hace unos meses.

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“Sin Pumpido no hay amnistía, porque no la puede haber con la Constitución vigente”, afirma otro exmagistrado del Supremo enfrentado en su día con Pumpido por su “excesiva afinidad” con el PSOE.

Los recelos en el Supremo ante el Constitucional se han disparado estos días. Hay quien incluso asegura que letrados al servicio de los magistrados progresistas cruzan ya papeles y argumentarios para defender el encaje de la amnistía en la Carta Magna. Es la misma tesis que defienden los juristas a los que Yolanda Díaz ha encargado allanar la exigencia de Puigdemont.

Pero este lunes el siempre discreto Llarena puso el dedo en la llaga con su aviso a navegantes: "Solo sabemos que hay un señor que tras un proceso se ha determinado que existen indicios racionales  de criminalidad". Y, zanjó el debate el magistrado que mejor conoce las andanzas de Puigdemont: "Los jueces son responsables, inamovibles, independientes y están sometidos exclusivamente al imperio de la ley".

Pumpido, en el ojo del huracán

Mientras tanto, este mismo martes el Tribunal Constitucional ha decidido debatir en Pleno el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de la mayoría conservadora de la Sala de Vacaciones de inadmitir el recurso de Puigdemont y del ex consejero Toni Comín contra las órdenes nacionales de detención dictadas por el Tribunal Supremo por el procés.

La corte de garantías se ha pronunciado este martes después de que varios magistrados hayan pedido que sea el Pleno del Constitucional quien se ocupe de este asunto, cuya ponencia ha recaído en el magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de Sánchez.

En el marco de la sesión de este martes, el TC ha resuelto también sobre la abstención de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, que ha decidido apartarse de la deliberación sobre este asunto porque así lo ha hecho con todos los derivados del procés.

Fue en abril de 2021 cuando Pumpido envío un escrito al entonces presidente del TC anunciando que se abstenía de los recursos presentados contra la sentencia del 1-0 después de que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes independentistas condenados le recusaran al estimar que no era "neutral" ni "imparcial" por una conferencia celebrada en noviembre de 2017 donde expresó su opinión sobre la causa.