Varios catedráticos abochornan a Sánchez y Carmen Calvo por chapuceros

Ha sido presentada como una de las iniciativas más importantes de su mandato. Pero la propuesta para eliminar los indultos abanderada por Pedro Sánchez y el PSOE ha suspendido en su primer examen. Para bochorno de La Moncloa, de la vicepresidenta Carmen Calvo y de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cómplices necesarias de la reforma.

Y es que varios catedráticos de Derecho Constitucional y Penal han cuestionado este miércoles la reforma de la Ley de Indultos que está tramitándose en el Congreso porque coinciden en que no se puede limitar la potestad del Gobierno para conceder esta medida de gracia.

Con esta reforma, el PSOE busca prohibir este perdón a los condenados por corrupción o violencia machista, pero el PP quiere extenderlo también a los condenados por rebelión, con el fin de que no puedan beneficiarse de esta medida los presos independentistas implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Sin embargo, tanto el magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional, Pablo Lucas Murillo, como el catedrático de Derecho Penal de las Universidades de Lérida y Oberta de Cataluña, Josep María Tamarit, son contrarios a restringir esa facultad del Ejecutivo para indultar.

Según ha apuntado Lucas Murillo, porque la propia Constitución establece ya límites en relación con la naturaleza del delito cometido, esto es, la capacidad del Gobierno para indultar no es absoluta sino que ya está acotada. Una advertencia que Sánchez ya había recibido cuando anunció su proyecto.

"Poner un catálogo de limitaciones es desnaturalizar la propia idea del indulto", ha añadido Tamarit, quien ve una "contradicción" que esta medida de gracia pueda excepcionarse en determinados delitos, sean los que sean.

Y, en concreto, ha cuestionado que se pretenda prohibir los indultos a los condenados por violencia de género teniendo en cuenta, según ha destacado, que a lo largo de las últimas décadas han sido "poquísimos" los indultos que se han otorgado a los penados por este delito.

De su lado, el exdiputado del PP y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Jesús López-Medel, se ha preguntado "dónde está el límite" a la hora de establecer un elenco de penas por los que los condenados no pueden beneficiarse de un perdón gubernamental.

Porque, según ha argumentado, si bien los delitos de corrupción y de violencia machista son "frecuentes" y "escandalosos" para la opinión pública, no lo son menos otros delitos, entre los que ha citado, los delitos sexuales contra los menores. "El listado puede convertirse en la mitad del Código Penal", ha apuntado.

Para evitar que este asunto pueda convertirse en "un pim pam pum político", López Medel ha introducido la conveniencia de redactar una nueva Ley del Indulto, y no una reforma, y que está tenga carácter orgánico porque afecta a los derechos fundamentales de las personas y porque supone una "excepción" en las competencias de los jueces.