Podemos oculta a los medios un juicio en su contra que puede salirle muy caro

Podemos ha ocultado deliberadamente el juicio en su contra que la semana pasada obligó a Pablo Fernández Alarcón, hombre de confianza de Pablo Iglesias, a declarar por videoconferencia para un juzgado de Santiago de Compostela.

El partido ha corrido un tupido velo y ha dado dado orden a los suyos de no pronunciarse al respecto de una polémica que le puede costar un buen varapalo político y judicial. Mejor no meneallo.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, es fruto de una demanda interpuesta contra el partido morado por quien fuera su secretario general en Arzúa, Xosé Zapata. Éste acusa a los de Iglesias de permitir una "cacicada" en las elecciones gallegas de 2016.

Por aquel entonces Podemos y En Marea sellaron un acuerdo por el que el partido morado quedó diluido en las candidaturas de su socio electoral. De forma que Podemos suspendió las primarias que había convocado en toda Galicia para elegir a sus candidatos y dejó tirados a 188 aspirantes. 

La Comisión de Garantías dio la voz de alerta, pero en vano

La decisión fue incluso cuestionada por la Comisión de Garantías de Podemos Galicia por "incumplir el reglamento", pero en Madrid hicieron oídos sordos a la advertencia.

Así que uno de los afectados, Zapata, decidió llevar el asunto a la Justicia e interpuso una demanda contra Podemos y En Marea con el objetivo de que se declare nulo el acuerdo electoral suscrito entre ambas formaciones porque, según él, es a todas luces contrario a los estatutos morados. 

El demandante, Xosé Zapata, en el centro.

En la vista, celebrada el martes pasado, declararon Xosé Zapata como parte demandante y Pablo Fernández Alarcón, de la Comisión de Garantías Democráticas, en representación de la parte demandada. Además de la diputada morada en el Parlamento de Galicia Paula Quinteiro.

En su declaración, Fernández aseguró que el pacto entre Podemos y En Marea fue político, y que los órganos disciplinarios internos no están para cuestionar decisiones políticas.

Una versión que se entiende mejor teniendo en cuenta que Podemos ha abierto un expediente y apartado de su cargo a la presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas, Olga Jiménez por, precisamente, hacer su trabajo y cuestionar la democracia interna en su partido. "Estoy decepcionada con muchísimas cosas de Podemos", declaraba ella este sábado en El País.  

El juicio de Santiago es el segundo al que se enfrenta Podemos solo en el mes de septiembre, después de que a principios de mes se celebrara en Palma la vista por la expulsión de la diputada autonómica Montse Seijas. 

Ambos casos evidencian que las acusaciones de falta de democracia interna no solo han ido in crescendo en los últimos meses, sino que ya hace tiempo que saltaron a los juzgados. En junio de 2016 Podemos se enfrentó a su primer juicio, uno contra Enric Martínez, un militante al que la dirección impidió presentarse a las primarias en Cataluña. A partir de entonces sus visitas a los juzgados han sido constantes.