Sánchez se asusta por el caos y baraja ya un "plan B" rechazado durante un año

Se acabó el estado de alarma y con él el toque de queda y las plazas y calles se llenaron de personas. Esa ha sido la consecuencia de la errática gestión del Gobierno de Sánchez que ahora se abre, más de un año después del inicio de la pandemia, a realizar los cambios legislativos que la oposición lleva exigiendo desde entonces.

A pesar de que ya se demostró, tras el pasado verano y la siguiente ola del virus, que las comunidades autónomas no tenían herramientas suficientes para establecer las restricciones necesarias para limitar la movilidad y con ello, la expansión del virus, ha tenido que ser ahora cuando el Gobierno esté dispuesto a ello.

Sánchez provoca el caos autonómico y jurídico en el final del estado de alarma

 Sin embargo, no lo hará por iniciativa propia, ni tampoco en base a las propuestas realizadas por el PP, que lleva un año insitiendo en la necesidad de aprobar lo que Pablo Casado llamó un 'plan b' jurídico, sino que lo hará si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo, dejando, de nuevo toda la responsabilidad en manos de los magistrados, que ya mostraron su malestar.

Así lo ha afirmado el minitro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna que ha publicado en el diario El País, en la que defendido que es "razonable que si hay disparidad de criterios" sea el Alto Tribunal el que "marque la pauta común". "¿Quién si no iba a hacerlo?", se ha preguntado.

El optimismo del Gobierno

Sin embargo, a pesar de dejar la responsabilidad en manos de los tribunales, ha dicho que no hay "ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos". "Lo que hay, simplemente, es una buena noticia. Salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho", ha sostenido.

De hecho, ha insistido en que "esa normalidad pasa porque las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias en salud pública", y que sean las Comunidades las que decidan qué medidas implantar en cada territorio con la incertidumbre que genera, ya que tienen que esperar al visto bueno judicial, además del caos para el ciudadano que ve como en cada autonomía se sigue una pauta distinta.

El ministro recuerda que las Comunidades tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio

Además, a pesar de que defiende que los presidentes autonómicos cuentan con "mecanismos suficientes" en el ordenamiento jurídico para afrontar "la fase de la pandemia" actual, ha recordado que tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. "Una posibilidad específicamente prevista" en la "legislación" que el Gobierno "ya se ha comprometido a apoyar", ha señalado.

Así, el Gobierno ya no tendrá que dar la cara en las Cortes para solicitar más estados de alarma, sino que tendrán que ser las autonomías, si así lo consideran, las que tengan que tomar una drástica decisión, después de más de un año de pandemia. Tiempo suficiente para modificar las leyes necesarias para tener que evitar una declaración tan excepcional.

Pero ahora, el Ejecutivo ya está dispuesto a realizar esos cambios, que tanto el PP como las propias Comunidades llevan solicitando desde el principio de la crisis sanitaria. Un clamor que nunca ha querido escuchar, sino todo lo contrario, lo ha criticado hasta la extenuación, acusando a la oposición de utilizar "la pandemia como oportunidad para el ataque político permanente". 

El PP: "En 15 días se acaba con este caos" 

Sin embargo, desde el PP han vuelto a lanzar su ofrecimiento para modificar las leyes cuanto antes, e incluso a "ceder" al Gobierno la "autoría de la solución jurídica a este desaguisado aprobando su propuesta ya registrada en el Congreso y "en 15 días se acaba con este caos"

De hecho, según ha asegurado secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la Cadena Ser, "lo tenemos muy fácil. El PP ha registrado una proposición de ley y en 15 días puede entrar en vigor. El Gobierno es que no tiene ni que hacer el trabajo, está registrada y consultada con los principales juristas de este país", ha zanjado.