Rafa Mayoral y 12 más de Podemos se apuntan a la indemnización de diputados

Lejos quedan aquellos tiempos en los que Podemos prometía acabar con los "privilegios de la casta". Ahora, en pleno proceso de derrumbe, los exdiputados morados se aferran a las indemnizaciones del Congreso que antaño tanto criticaban.

Un total de 65 personas que ocuparon escaño en la anterior legislatura pero no renovaron su acta tras las elecciones generales del pasado julio, ya fuera por no ir en las listas o por no lograr votos suficientes para repetir, han empezado ya a cobrar la llamada indemnización por cese que abona la Cámara, una suerte de paro que se puede percibir siempre que no se cuenta con otros ingresos y que se haya estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

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Esa indemnización es el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 3.126,89 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abona de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.

En concreto, según los datos del Congreso, están cobrando esta indemnización 24 exdiputados del PSOE, 13 de Unidas Podemos, diez de Vox, siete del PP, seis de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana, los dos exparlamentarios que tuvo la CUP en la anterior legislatura y uno del PDeCAT.

Entre los beneficiados se encuentra el exdiputado de Podemos Rafa Mayoral y que Anton Gómez Reino, exdiputado de la confluencia gallega del partido morado.

Algunos de estos diputados también cobraron la llamada indemnización de transición tras la disolución de las Cortes el pasado 30 de mayo, una especie de finiquito que abona la Cámara para cubrir el periodo entre legislaturas. En concreto, 48 de los 66 exdiputados que ya perciben la indemnización por cese perdieron su escaño en mayo y no volvieron a recuperarlo bien porque no repetían en las listas o bien porque no lograron hacerse con el acta.

Tras la disolución sólo continuaron siendo diputados los 137 miembros de la Diputación Permanente. De las 212 personas que perdieron entonces el escaño, el 95,28% cobraron la denominada indemnización de transición y sólo una decena renunció, según explican fuentes parlamentarias.