La Guardia Civil denunció a la juez que Franco ocultaba información comprometida

La Guardia Civil tiene fundadas evidencias de que la Delegación del Gobierno ocultó información en el marco de la investigación comandada por la juez de Instrucción Carmen Rodríguez-Medel en torno a un posible delito de prevaricación cometido por su responsable, José Manuel Franco, al permitir la manifestación del 8-M desoyendo las alertas sanitarias. 

En el informe de la Comandancia de Madrid que motivó el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos por no haber puesto al tanto al ministro del Interior, los agentes relatan la escasa colaboración que tuvieron por parte del personal de la Delegación del Gobierno, que les facilitó información incompleta en unos casos y directamente omitió otra. 

De hecho, los guardias civiles a cargo de la investigación tuvieron que personarse hasta en tres ocasiones en las dependencias de Franco para buscar respuestas, y hasta la juez instructora tuvo que apercibir a los responsables de la Delegación del Gobierno recordándoles su obligación de facilitar las cosas. 

Todo para averiguar si las alertas emitidas por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades y las autoridades españoles llegaron en tiempo y forma a la Delegación pero fueron desoídas para no malograr una manifestación a la que asistió el propio delegado del Gobierno, a su vez secretario general del Partido Socialista de Madrid. 

Este tendrá que comparecer en calidad de investigado (antes imputado) el 5 de junio. Y como testigos el secretario general de la Delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz, y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

Según el informe de la Benemérita, adelantado íntegramente por la SER este martes, el 8 de abril los investigadores remitieron un oficio a la Delegación del Gobierno pidiendo los expedientes administrativos de todas las manifestaciones celebradas o desconvocadas ocurridas en Madrid entre los días 5 y 14 de marzo, así como las comunicaciones sanitarias que hubieran recibido con anterioridad al 14 de marzo y otras advertencias.

El día 20 de abril los agentes se personaron en la Delegación del Gobierno y allí el secretario general les aseguró que no habían recibido alertas anteriores al 14 de marzo, ni "comunicaciones relativas a los posibles riesgos que pudiera representar la celebración de concentraciones masivas o multitudinarias en la vía pública".

También les entregó un pendrive con un listado de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo, pero cuál fue la sorpresa de los guardias civiles cuando se encontraron con que "los expedientes digitalizados en formato pdf (...) se encuentran incompletos". Entre esos días 130 manifestaciones, se desconvocaron 21 y 6 no se celebraron. 

Los agentes lo pusieron en conocimiento de la juez, que remitió una providencia judicial a la Delegación del Gobierno pidiendo por segunda vez información y afinando aún más el tiro: preguntaba directamente Rodríguez-Medel sobre esta resolución del 6 de marzo de la Comunidad de Madrid, clave porque en ella ya se adoptaban medidas respecto a la Covid-19:  

La Delegación del Gobierno respondió que "no consta" comunicación por parte de la Comunidad de Madrid, cosa que después se demostraría falsa porque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mostró los dos correos electrónicos que envió el 7 de marzo notificando dicha resolución.

El 23 de abril el instructor de las diligencias insistió al secretario general de la Delegación: "Los expedientes administrativos están incompletos y deben ser remitidos completos". Y nuevamente el 27 de abril, a falta de respuesta.

El 30 de abril la Delegación mandó alguna información extra y por primera vez reconoció haber recibido los email de la Comunidad de Madrid. Pero según la versión de Franco, aunque el Gobierno madrileño se las remitió el día 7 de marzo, no tuvieron entrada en la Delegación hasta el 9 de marzo, después de la manifestación. "Este dato no fue aportado en su primera contestación", se quejan los agentes en el informe.

En el mismo la Guardia Civil adjunta a la juez un documento elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno el 28 de febrero, en el que es evidente que "a fecha de su confección se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad del Covid-19". En otro punto del documento se recoge "mantenga el distanciamiento social" de al menos un metro.

El 7 de mayo los investigadores volvieron por tercera vez a la Delegación para comprobar, como así hicieron, que ese documento interno fue remitido a todo el personal de la Delegación el 2 de marzo por correo electrónico. Lo que evidencia que para entonces, seis días antes de la gran manifestación, "todo el personal que forma parte de la Delegación del Gobierno (...) estaba al corriente de la evolución del Covid-19".

"La Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma", concluye el informe.