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El vertedero de Zaldívar se derrumbó el 6 de febrero de 2020.
El vertedero de Zaldívar se derrumbó el 6 de febrero de 2020.

Se cumple un año de la catástrofe de Zaldívar y un hombre sigue sepultado allí

El 6 de febrero de 2020 se produjo el hundimiento del vertedero tóxico que atrapó a dos trabajadores. Desde entonces, ni Sánchez ni ningún miembro de su gobierno ha visitado la zona cero.

| Javier Ruiz de Vergara España

 

En estas últimas horas, los familiares de Joaquín Beltrán han dado la voz de alarma y han exigido que no se selle el vertedero de Zaldívar, tal como planea el Gobierno Vasco, hasta que se encuentren los restos del operario desaparecido.

Este sábado 6 de febrero se va a cumplir un año exacto desde el derrumbe de toneladas de vertidos altamente tóxicos que sepultaron a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Tras una operación de rescate muy críticada, y con el veto del PNV y PSE a la participación de la Unidad Militar de Emergencias, Beltrán sigue allí enterrado. La familia de Sololuze tuvo más suerte y sus restos fueron recuperados en agosto pasado.

Este fin de semana, varias localidades han convocado concentraciones en recuerdo a los dos trabajadores fallecidos. Mientras, hay acciones legales paralelas contra la empresa responsable del vertedero y contra el Gobierno Vasco.

En medio, una oscura trama de intereses que salpica a varios miembros del PNV y una gestión controvertida del propio lendakari Íñigo Urkullu y de su consejero socialista Iñaki Arriola. Hasta la Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto.

 

 

Pero, además, el caos en la operación de rescate ha salpicado al propio Gobierno central. En un año, con varias visitas políticas y de actos del PSOE de Pedro Sánchez al País Vasco, el presidente no ha encontrado un hueco en su agenda para visitar la zona de la catástrofe, ni para mantener una reunión con los familiares de Sololuze y Beltrán.

No solamente eso, pese a ser considerado como uno de los accidentes medioambientales más graves de los últimos tiempos en España, tampoco la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha viajado hasta Zaldívar.

Ni ella, ni ningún miembro del Ejecutivo, ni del PSOE ni de Podemos. En el Congreso, tan solo la diputada del PP por Vizcaya, Bea Fanjul, se ha interesado en diversas ocasiones por esta tragedia.

Tampoco ningún miembro del Gobierno Vasco ha asumido responsabilidades políticas pese a las exigencias de dimisión del socialista Iñaki Arriola, hace un año consejero de Obras Públicas. Tras las últimas elecciones, Arriola fue premiado con la cartera de Vivienda y Transportes.

 

 

Además, durante estos 365 días, sobre la operación de rescate que ha sido incapaz de hallar los restos de Joaquín Beltrán, ha planeado el veto a la UME. El delegado del Gobierno en el País Vasco ofreció a Urkullu el día siguiente del derrumbe la maquinaria especializada del Ejército en estas tareas. Pero nunca ha sido reclamada.

Así, un año después, Beltrán sigue sepultado entre toneladas de basura tóxica. Y sus familiares se temen lo peor, que nunca más sea encontrado si se sella el vertedero en los próximos meses, como pretenden las instituciones.