Podemos pide repartir dinero público para medios afines sin criterios objetivos

La publicidad institucional es una de las formas que tiene el Gobierno para trasladar un mensaje a la ciudadanía. De publicitar acuerdos, leyes o iniciativas para que lleguen a una gran cantidad de público. Este proceso está regulado por una norma de Publicidad y Comunicación Institucional.

En ella se recoge, precisamente para que llegue a la mayor cantidad de gente, que el medio de comunicación que más audiencia tenga será el que más dinero reciba por emitir o dar voz al mensaje de la Administración. Algo similar a lo que hacen las empresas privadas: pagan más al que más audiencia tenga para así llegar a más público y trasladar mejor el mensaje. 

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Ahora, Podemos quiere revolucionar esta Ley y cambiar ese criterio básico, el de la audiencia, por otros “más eficaces”. En esencia, según ha trasladado la formación morada, serían los partidos políticos, es decir, ellos mismos, los que decidirían sin criterios objetivos qué medios de comunicación se merecen o no las campañas de publicidad institucional. 

Según Podemos, esto permitiría no dejar fuera de las campañas institucionales a empresas pequeñas. Es decir, podrían dejar fuera de las campañas públicas a medios de comunicación que son molestos para el Gobierno y podrían regalar dinero público a medios pequeños que casi no tendrían repercusión por sus bajas audiencias. 

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En la proposición de Ley para la reforma de Publicidad y Comunicación Institucional, Podemos asegura que la actual normativa "perjudica gravemente a los medios independientes y a las pequeñas y medianas empresas así cómo se demuestra como un criterio poco fiable, dado que muchos medios estarían utilizando métodos de agregación de audiencias que distorsionarían los datos obtenidos”.

En palabras de la portavoz adjunta de la formación, Sofía Fernández Castañón, su propuesta quiere tener en cuenta criterios de “género” e “igualdad”: “Pretende fomentar la pluralidad informativa y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, contrastada, respetuosa con la igualdad de género y con el periodismo de calidad”. "No puede ser que los criterios de audiencia, con unos medidores más que cuestionables, sean los que estén determinando a qué cabeceras informativas va el dinero público en publicidad institucional”, ha recalcado.