La trama con narcos que acorrala al abogado más mediático de Puigdemont

Condenado en su día por colaboración con ETA -en el secuestro del empresario Emiliano Revilla-, defensor de antisistemas e independentistas y agitador en los grandes sumarios contra el PP, el abogado chileno Gonzaló Boye va a tener que esforzarse ahora para defenderse a sí mismo. Envuelto en una oscura trama por la que la Policía ha registrado este lunes su domicilio.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar este próximo miércoles a Boye y a dos supuestos testaferros en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, según han informado fuentes jurídicas.

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La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha ordenado la comparecencia de los tres en calidad de investigados después de los registros practicados por la Policía desde primera hora de esta mañana en Madrid, tanto en el domicilio del letrado como en otras dos propiedades de los dos supuestos testaferros, todas en Madrid.

Boye, que defiende al narco gallego y en la actualidad es coordinador de la defensa jurídica de Carles Puigdemont, ha estado presente en el registro, que han practicado agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y no ha concluido en ninguna detención.

Esta investigación y los registros practicados, según detallan las fuentes consultadas, no tienen nada que ver con la defensa jurídica que presta Boye a Puigdemont, contra quien se ha vuelto a emitir una orden europea de detención a consecuencia de la sentencia del procés que ahora tiene que resolver la Justicia belga.

Sito Miñanco fue detenido por orden de la Audiencia Nacional en febrero de 2018 en un gran operativo que incluyó varias ciudades españolas, causa en la que continúa investigado. Esta instrucción, que comenzó la precedesora de Tardón en el juzgado, Carmen Lamela, es la que ha llevado a los registros de este lunes.

Paralelamente, el narcotraficante fue juzgado a principios de este año por la Audiencia Provincial de Pontevedra por blanqueo de capitales, vista en la que estuvo representado por Gonzalo Boye. Fue condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una multa de seis millones de euros.