Petro contra las cuerdas: ordenan suspenderlo como presidente antes de la segunda vuelta
La presidenta de la Comisión de Acusaciones, del propio Pacto Histórico, pretende apartar al mandatario hasta el cierre de las urnas del 21 de junio.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Pedro Sánchez
Colombia entra en una nueva crisis institucional en plena recta final hacia la segunda vuelta presidencial. La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó la “suspensión provisional” del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, cuando se cerrarán las urnas de la votación que decidirá a su sucesor.
La decisión se produce después de que Petro fuera denunciado en varias ocasiones por presunta participación en política durante la campaña electoral. La Comisión de Acusaciones abrió una investigación contra el mandatario el pasado 26 de mayo por esos hechos, al considerar que sus intervenciones públicas podían vulnerar las normas que impiden al jefe del Estado intervenir en la contienda.
Arizabaleta, que pertenece al Pacto Histórico, la misma fuerza política de Petro, sostiene que la suspensión provisional puede ordenarse cuando existan elementos suficientes para considerar que la permanencia del investigado en el cargo podría interferir en el trámite de la investigación. Con ese argumento, la congresista pretende apartar al presidente hasta las 16:00 horas del 21 de junio, momento previsto para el cierre de las urnas.
El movimiento ha provocado una respuesta inmediata del Gobierno colombiano. El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la validez de la orden y aseguró que la Comisión de Acusaciones no tiene competencia para suspender al presidente de la República. Según defendió, ese organismo actúa como una comisión de instrucción y no puede adoptar una decisión de ese alcance.
“En derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción”, afirmó Benedetti en X. El ministro añadió que solo el Senado puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como acusadora, ya sea en el ámbito penal o disciplinario.
Benedetti, uno de los principales hombres de confianza de Petro, fue aún más allá al remarcar que una decisión de ese tipo no puede depender de “la voluntad de una sola representante”. Su respuesta apunta directamente al choque institucional abierto por una orden que, pese a su enorme impacto político, queda rodeada de dudas jurídicas desde el primer momento.
También el expresidente del Senado y excandidato presidencial Roy Barreras salió al paso de la decisión. Barreras aseguró que la orden “no tiene ninguna validez jurídica” y defendió que la Comisión Legal de Acusaciones no tiene atribuciones para suspender al jefe del Estado. A su juicio, una medida de ese alcance sería inconstitucional y no debería tener efecto alguno.
El punto clave está en el procedimiento previsto por la Constitución colombiana. Si la Comisión de Acusaciones encuentra méritos contra un presidente en ejercicio, debe trasladar el caso a la Cámara de Representantes para que esta decida si lo acusa formalmente ante el Senado. Solo después de ese paso, el Senado tendría capacidad para suspenderlo o adoptar una decisión de fondo.
Por eso, la orden de Arizabaleta abre un escenario de máxima tensión política, pero también de aplicación incierta. Mientras la congresista la presenta como una medida cautelar para evitar interferencias en la investigación, el Gobierno y varios juristas sostienen que carece de recorrido legal porque se salta el cauce constitucional establecido para actuar contra un presidente.
La situación se agrava por el momento elegido. Colombia se encuentra a las puertas de la segunda vuelta presidencial y cualquier movimiento sobre el jefe del Estado tiene un impacto directo en la campaña. Petro, además, está fuera del país, de visita en Nueva York, donde tiene previsto intervenir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Hasta ahora, el presidente colombiano no se ha pronunciado directamente sobre la orden de suspensión. Su silencio llega mientras el país asiste a una nueva sacudida política: una medida inédita, impulsada desde una comisión presidida por una dirigente de su propio espacio político, que busca apartarlo del cargo justo antes de que Colombia elija a su próximo presidente.