Una autora de la serie de Sánchez debe al fisco tras recibir 26 millones del ICO

La serie sobre Pedro Sánchez es de suspense. Una de sus productoras, Secuoya, debe 3,6 millones de euros a administraciones públicas (Hacienda y Seguridad Social, salvo 750.000 euros adeudados al fisco extranjero) mientras elogia y rentabiliza las bonificaciones fiscales sanchistas a empresas extranjeras que ruedan en España.

La otra, The Pool Talent Management, pagó cero euros al fisco con unos ingresos de 744.000 euros, cifra inferior a su ayuda del Instituto de Crédito Oficial. Presentan tan bajo perfil fiscal tras recaudar 27 millones del ICO de Nadia Calviño.

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La gratitud de Secuoya a Sánchez fue nítida en 2020. “Las modificaciones legislativas en relación con el impuesto de sociedades, han posibilitado la atracción de la inversión internacional para la producción de contenidos en España, a través de la figura del Tax Rebate”.

Mientras el empresariado clama contra la fiscalidad sanchista, su biógrafa audiovisual la defiende

Moncloa, en paralelo, detallaba su gesta: “Devolución de impuestos de hasta el 30% para el productor ejecutivo de una producción cinematográfica o audiovisual extranjera que gaste un mínimo de un millón de euros en España. El importe de esta bonificación fiscal no podrá exceder de 10 millones por producción y el importe total de los incentivos aplicados no podrá superar el 50% del coste de producción”.

Uno de los fotogramas del trailer de la serie de Sánchez filtrados por La Moncloa.

Secuoya repite piropos en 2021. “La iniciativa del Gobierno para convertir a España en el Hub Audiovisual de Europa supondrá una inversión pública de 1.603 millones de euros entre 2021 y 2025. Asuntos Económicos presentó un nuevo Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Define la mejora de los incentivos fiscales como un elemento fundamental”. Entró en vigor en julio pasado.

Secuoya olfatea más ayudas. “En la hoja de ruta del Gobierno del España es de especial interés la línea de impulso a la industria de la cultura y el deporte, con una dotación de 825 millones de euros que serán destinados a la revalorización de la industria cultural, el España Hub Audiovisual de Europa (…), sin perjuicio de que las empresas se puedan beneficiar también de potenciales ayudas derivadas de la modernización, digitalización y transición energética”.

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Mientras el empresariado clama contra la fiscalidad sanchista, su biógrafa la defiende: “las modificaciones en España en relación con el Impuesto de sociedades, junto con los Presupuestos generales del Estado, han mejorado el régimen de incentivos a la producción de obras cinematográficas y audiovisuales y convierte a España en uno de los regímenes más competitivos de nuestro entorno”.

La productora factura ya tales reformas sanchistas. “Ha propiciado el lanzamiento antes del fin de 2021 de una nueva área de negocio, el Service internacional (servicios de producción para producciones extranjeras rodadas en España) en Secuoya Studios y que se beneficia directamente de las bonificaciones generadas por la figura del Tax Rebate”.

El secretario de Estado de Comunicación admite que la serie puede chocar con la agenda gubernativa. Pero no lo zanja por escrito. ¿Qué primará, agenda o vídeo? ¿Sánchez rueda o gobierna?

Secuoya no sólo asesora para captar tales incentivos. Ofrece agilizarlos. “Posible gestión del adelanto del incentivo para que esté disponible en fase de producción”. No dice cómo los acelera.

El convenio del vídeo sobre Sánchez se publica el pasado septiembre. Desde 2020 Secuoya ha cosechado 23,8 millones del ICO a través de 14 préstamos. Su socios Sponsorship y Fiesxin, además, añaden 2,8 millones del ICO en 2020. El otro coproductor, The Pool, ingresa un millón del ICO en 2020. En suma, el ICO inyecta más 27 millones al dúo productor de la gratuita serie. Igualan las ayudas sanchistas a la sufrida población palmera por daños materiales o personales.

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Pero existen otras lagunas sobre la serie. Las productoras deben informar a Moncloa de “la grabación de entrevistas, actos y/o eventos que interfieran en el funcionamiento habitual de la Presidencia del Gobierno”.

El secretario de Estado de Comunicación admite que la serie puede chocar con la agenda gubernativa. Pero no lo zanja por escrito. ¿Qué primará, agenda o vídeo? Sánchez, en plena crisis bélica y económica, ¿rueda o gobierna?

Pero el dilema no sólo es de Sánchez, sino de sus empleados públicos. Las productoras se comprometen a “remitir periódicamente a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno una relación del personal al servicio de la Presidencia del Gobierno cuya participación en el documental estimen conveniente, indicando el propósito y contenido de las entrevistas que se vayan a realizar.

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Es requisito necesario para la inclusión en esa relación, que los productores hayan obtenido la previa autorización del personal de la Presidencia del Gobierno”. Si el empleado de Moncloa dice no, queda mal con su todopoderoso jefe. Pero si dice sí, ¿cómo computa el tiempo dedicado a algo ajeno a su contrato? ¿Es absentismo laboral?

Queda otra duda sobre la gratuidad del vídeo. Las productoras tienen carta blanca para distribuir su producto final. ¿Qué ocurre si lo utiliza gratis el PSOE para propaganda de su líder y candidato? ¿Puede conceptuarse donación encubierta el coste que se ahorra Ferraz?

Todas estas manchas salpican una serie que Moncloa jura que no debe caer en la propaganda, pero que ha otorgado a firmas con doble deuda (financiera y fiscal) con el Gobierno. No parece el mejor sello de independencia periodística para radiografiar un presidente que ni siquiera revela sus vuelos.

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