| 03 de Mayo de 2024 Director Benjamín López

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Pedro Sánchez, entrando en una unidad del AVE.
Pedro Sánchez, entrando en una unidad del AVE.

Sánchez paga 850 millones a la firma del gobierno vasco de los trenes gordos

Renfe contrata en 2020 a dedo por 347 millones a CAF (3% del Ejecutivo de Urkullu) bajo presión del PNV, y le inyecta otros 500 millones tras fallar su diseño

| Francisco Mercado Investigación


Pocas veces afloran tan nítidamente motivaciones y presiones en un contrato público como en los 31 trenes de Renfe que no caben en los túneles norteños. Renfe lo adjudicó a dedo a CAF el 29 de junio de 2020 por 347 millones, dividido en dos lotes. Dijo que era la oferta económicamente más ventajosa. Sólo consta su palabra.

En un lote (los 31 fallidos trenes de cercanías norteños) sólo hubo dos ofertas. Nunca publicó precio de una y otra. Secreto. Y en el segundo (6 trenes para Cercedilla) sólo hubo una oferta: la de CAF. Claro, fue la mejor.

 

La única licitadora rival admitida, Stadler, reclamó a Renfe los pliegos para saber por qué había ganado CAF. Renfe los denegó. Alegó que era confidencial. Curioso argumento de una empresa pública. Cualquier ministerio es más transparente.

Por ejemplo, Seguridad Social. Detalla la licitación de la exempresa del marido de Calviño (qué ofertas fueron admitidas o rechazadas, cómo fueron valoradas y por qué resultó vencedora Beedigital). Y, sin embargo, cual CNI, en una compra de 347 millones Renfe decreta que todo es secreto.

La inacción del gobierno desde que supo el error en 2021 es agravada por otros elementos: lejos de plantearse penalizar o rescindir el contrato, Sánchez premió a CAF con 500 millones más. El contrato valía más de 347 millones. Valía un pacto de gobierno.

La transparencia cobra mayor interés cuando esta adjudicación aflora tono político. El Gobierno vasco es accionista, 3%, de CAF. Sánchez contrata a Urkullu. Y Urkullu tiene el mejor lobby: el PNV.

En octubre de 2020 el PNV denunciaba en el Senado la exclusión de CAF de un contrato de 2.700 millones de Renfe de más de 200 trenes. Señalaba que CAF había sido descartada por incumplir el nivel técnico exigido sin explicitar razón. "No ha habido opción a aclarar o justificar esa supuesta deficiencia técnica".

Y reprochaba que licitaran con mayor éxito dos grupos “extranjeros”, en alusión a Alstom y Stadler y la “falta de compromiso del Gobierno central en la adjudicación de contratos ferroviarios a las empresas estatales (léase españolas)”. Argumento curioso para un partido nacionalista: patriotismo estatal.

Reyes Maroto, ministra de Industria, tranquilizó al PNV. “CAF sí ha sido parte de la adjudicación de ese contrato por valor de 280 millones y, por lo tanto, va a ser una solución a través de ese contrato con el que podemos instrumentar que Trenasa, filial de CAF, pueda tener carga de trabajo”. No dijo que fue la mejor oferta, sino la  “solución” para que la firma de Urkullu  saneara sus cuentas.

En octubre de 2022, un año después de que se atascase el anterior pedido por el conflicto de dimensiones, RENFE adjudicaba a CAF el suministro de 28 trenes eléctricos por 300 millones de euros. Esto ocurría después de que el anterior pedido, previsto para 2024, se alargase a 2026. Seis años para construir 31 trenes. Un año para detectar el error. Cinco para corregirlo.

 

Un tren de cercanías a su paso por un túnel. 

No era su primer conflicto por demoras al entregar productos contratados. El Supremo condenó a CAF en 2016 a pagar 10,6 millones de euros a Ferrocarriles del Suroeste, S.A. (FESUR) al dar por resuelto el contrato de compraventa de 9 locomotoras por el retraso en el cumplimiento de los plazos de entrega.

El 28 de marzo de 2023, un mes después de que dimitieran por el fiasco de los 31 trenes norteños Isabel Pardo de Vera (secretaria de Estado de Transportes) e Isaías Taboas (presidente de Renfe), este organismo aprobó la adjudicación a CAF del contrato para el suministro de otros 29 trenes de cercanías.

 

“El contrato tiene un volumen cercano a los 200 millones de euros, y contempla posibles opciones para ampliar su alcance en un futuro, que entre otras incluirían la fabricación de 9 trenes completos más, y coches adicionales que pudieran ampliar las unidades del contrato base. Se trata del tercer contrato adjudicado a CAF dentro de este plan de modernización, lo que eleva tras este nuevo acuerdo la cifra de negocio de la empresa con el operador por encima de los 750 millones de euros”.

La transparencia cobra mayor interés cuando esta adjudicación aflora tono político. El Gobierno vasco es accionista, 3%, de CAF. Sánchez contrata a Urkullu. Y Urkullu tiene el mejor lobby: el PNV.

 

Sánchez nunca osó cuestionar qué culpa tenía la empresa del amigo Urkullu, que conocía los túneles donde debían operar los fallidos trenes. Porque los cruzaban ya sus viejos trenes (series 2700 y 2900). Por eso la solución final, digna de Einstein, fue clonar las medidas de los trenes que ya circulaban. CAF, que declina dar su versión, ya sabía qué trenes cabían antes del contrato. Y se autoclonó.

La inacción del gobierno desde que supo el error en 2021 es agravada por otros elementos: lejos de plantearse penalizar o rescindir el contrato, Sánchez premió a CAF con 500 millones más. El contrato valía más de 347 millones. Valía un pacto de gobierno.