| 24 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Nadia Calviño, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Nadia Calviño, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El ICO de Calviño estrenó sus avales con 875.000 euros a la empresa de su marido

La sociedad de Ignacio Manrique de Lara logró las ayudas crediticias estatales en abril de 2020 cuando la Prensa denunciaba su atasco.

| Francisco Mercado Investigación

El 24 de marzo de 2020, la vicepresidenta económica Nadia Calviño propuso al Consejo de Ministros conceder avales por 100.000 millones de euros a las empresas para afrontar la crisis económica generada por el covid y poder seguir pagando salarios y facturas de proveedores.

El BOE publicó el acuerdo gubernamental a los dos días. Semanas después el ICO (Instituto de Crédito Oficial), dependiente de la vicepresidenta económica, concedía avales por 875.000 euros a la empresa que tiene como director de markéting al esposo de la vicepresidenta autora del plan, Ignacio Manrique de Lara, cuya marca comercial es Beedigital.

Hay que recordar que los quebrantos, léase impagos, que produjeran tales avales los abonaría el ministerio de Asuntos Económicos con cargo a sus presupuestos. Por tanto, a través de dos vías la vicepresidenta económica estaba inmersa en el aval estatal concedido a la empresa de su marido: Su ICO concedía el aval a Beedigital, y su ministerio abonaría los 875.000 euros si impagaba el préstamo. Un matrimonio bien avalado.

El tutelaje de Calviño sobre este plan fue intenso. No se limitó a inspirarlo. “El ICO informará con carácter quincenal al ministerio de Asuntos Económicos de la utilización de tal línea de avales”.

La firma del marido de Calviño supo sortear todos esos obstáculos y salir con los primeros avales horneados por el ICO antes de que colapsara.

Y, por si no quedaba claro el pilotaje de Calviño sobre los avales del ICO, el BOE lo remachaba: “se habilita a la ministra de Asuntos Económicos para adoptar las medidas necesarias que garanticen la adecuada distribución de la línea de avales entre los operadores”. Y alguno/s de esos bancos fichados por el equipo de Calviño concedieron dos créditos avalados a la firma de su esposo.

No un banco cualquiera. Un banco que previamente había suscrito con el ICO un contrato marco para participar en la línea de avales. El banco lograba el negocio de prestar dinero con plena garantía gracias al ministerio de Calviño.

 

Placa oficial en la sede en Madrid del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

 

Le llovía una clientela blindada en tiempos de crisis. Esto generaba sinergias, gratitudes. Uno de los bancos vinculados a los avales de Calviño, el Sabadell, recientemente financió un foro mediático para la vicepresidenta sobre el reparto de fondos digitales en pleno escándalo parlamentario por las informaciones de este diario por los nexos de la firma de su marido con sus subvenciones.

Un préstamo "arriesgado"

Naturalmente, el banco concedía o no el crédito según sus criterios en materia de riesgos. Y la banca no vio riesgo en prestar 1,2 millones a una empresa como la del marido de Calviño que el año anterior registró 6,4 millones de pérdidas. Y había reducido a menos de la mitad su patrimonio neto.

Tampoco asustó que el prestatario dueño de Beedigital debiera 50 millones, incluido 1,6 millones al estado. Ni que arrastrara bases imponibles negativas por 1.700 millones que le permitían diferir pagos a Hacienda desde 2008. Y sin pandemia. En realidad, paradójicamente, le fue mejor en 2020. Su virus económico era previo.

La celeridad para obtener los avales del ICO fue máxima. La empresa de Ignacio Manrique de Lara solicitó y formalizó dos préstamos por un valor conjunto de 1.250.000 euros en abril de 2020, que avaló el ICO en un 70%.

En socorro de la firma de Manrique de Lara, acudieron tres decisivas ayudas del Gobierno que vicepreside Calviño y que ha destapado Esdiario

Esta temprana fecha chirría con la maquinaria burocrática. La ayuda debía ir destinada a préstamos y operaciones cuya formalización fuera posterior al 17 de marzo de 2020. El BOE publicó el plan el 26 de marzo. El ICO consumió oficialmente diez días más en preparar la línea de avales.

Esto sitúa la primera fecha hábil para solicitar estas ayudas en torno al 14 de abril. Por tanto, la empresa del marido de la vicepresidenta, asistió al estreno de los avales de Calviño. Días después ya tenía formalizado el préstamo de 1.250.000 euros con el aval del ICO cubriendo su impago hasta un 70%. Todo este proceso burocrático con un banco (o dos, ya que fueron dos créditos) para conceder el préstamo y con el ICO para avalar una suma tan respetable se consumó en sólo 14 días de abril.

La vertiginosa concesión del aval del ICO a la firma del marido de Calviño no sólo choca con la ideal secuencia del BOE. La prensa detalló el formidable atasco surgido en la tramitación de los avales el mismo mes que lo cobraba la empresa de Beedigital, abril de 2020.

 

 

“La odisea de los créditos ICO: retrasos, seguros y malabarismos para refinanciar. Los préstamos con garantía pública apenas han durado unas horas en los bancos, pero muchos tendrán que esperar a firmar la próxima semana” (La Información), “Las empresas denuncian retrasos en créditos ICO que tenían autorizados. Según el Gobierno la concesión de avales de menos de 50 millones es «automática», pero los bancos aducen que los requisitos son complejos y han ido cambiando” (Sur).

En mayo ya era un clamor: “Crece la preocupación por los retrasos en las líneas de crédito ICO” (El Correo Gallego), que incluía el reconocimiento oficial del embarrado reparto de avales: “Hace solo unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamaba la atención al sector financiero por las quejas recibidas de autónomos y pymes sobre el trato y los planteamientos que están recibiendo por parte de algunos bancos en la comercialización de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial”.

El ICO culpaba a los bancos por querer endosar servicios adicionales al préstamo y las entidades financieras achacaban el retraso a los criterios cambiantes del Gobierno. Y, en un momento dado, a que faltaba dinero para seguir el reparto. La firma del marido de Calviño supo sortear todos esos obstáculos y salir con los primeros avales horneados por el ICO antes de que colapsara.

Los requisitos marcados para el reparto de avales del ICO tocaban de lleno a Beedigital: “Quedan excluidas de esta línea aquellas empresas con domicilio social en España cuya matriz esté ubicada en un paraíso fiscal conforme a la lista oficial de la AEAT y de la Unión Europea”.

Luxemburgo, paraíso fiscal

La firma de Manrique tiene su matriz en Luxemburgo, un paraíso fiscal de facto según el sindicato Gestha de Hacienda y numerosos estudios del régimen tributario del ducado. Pero el ICO daba otra vuelta de tuerca: “Las empresas y autónomos no podrán aprovechar estructuras en paraísos fiscales para reducir sus obligaciones tributarias”.

Y, oh, paradoja, el fondo opaco que gobierna Beedigital desde Luxemburgo tiene una fiscalidad casi nula. Ni impuesto de sociedades ni sobre dividendos, ni sobre patrimonio o rentas. Sólo alguna tasa municipal si se acredita labor comercial.

Para captar avales del ICO también se exigía no figurar en el listado secreto de morosos del Banco de España ni estar en crisis, entendida como concurso de acreedores. Que es morosa con el Estado no es secreto. Ni que bordeaba la crisis. La firma había reducido su capital en 4,4 millones en 2019 porque sufría un desequilibrio patrimonial.

En socorro de la firma de Manrique, acudieron tres decisivas ayudas del Gobierno que vicepreside Calviño y que ha destapado Esdiario: en 2019 obtuvo un contrato de la Seguridad Social por un millón de euros repartido en dos años, a pesar de que incumplía la ley de contratos por su morosidad con Hacienda y con dicho organismo.

En 2020, el ICO de Calviño le avaló por 875.000 euros, y en 2021 Beedigital publicitó que era uno de los agentes fichados por Red.es (dependiente de la vicepresidenta económica) para captar y cobrar ayudas de su fondo Kit Digital (3.000 millones), a pesar de que su norma exigía estar al corriente de pagos con el Estado para actuar como intermediario en la digitalización.