| 20 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Investigación Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía Sostenibilidad ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía
El ministro José Luis Escrivá y la vicepresidenta Nadia Calviño.
El ministro José Luis Escrivá y la vicepresidenta Nadia Calviño.

Escrivá contrató por un millón a la morosa empresa del marido de Calviño

Beedigital fue fichada en 2019 para mejorar “la reputación de la Seguridad Social” aunque le debía 421.000 euros.

| Francisco Mercado Investigación

 

La Seguridad Social contrató en 2019 por 532.400 euros, IVA incluido, a la empresa del esposo de Nadia Calviño, conocida comercialmente como Beedigital, aunque le debía entonces 421.000 euros. En 2020 este organismo estatal dependiente del ministro José Luis Escrivá le renovó el contrato, pese a que seguía adeudando a la Seguridad Social 374.000 euros.

El total de las deudas de Beedigital con el Estado (Hacienda y Seguridad Social) cuando logró en 2019 tan oportuna adjudicación ascendía a 1,6 millones de euros. Y su impago a las arcas públicas sumaba 884.000 euros cuando la Seguridad Social le renovó el contrato en 2020. Esta última cifra morosa con las arcas estatales de la empresa del cónyuge de la vicepresidenta económica rozaba el dinero recibido del ministerio de Escrivá en esos dos años, un millón de euros.

 

La Ley de Contratos del Estado prohíbe tajantemente las adjudicaciones a empresas que no estén al corriente de pagos con el fisco y la Seguridad Social. Sin embargo, la morosa firma de Beedigital no sólo ha cazado tal contrato, sino el carné de agente digitalizador que le convierte en embudo oficial para captar ayudas del fondo de 3.000 millones de euros (Kit Digital) que reparte precisamente la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a pesar de que incumple similares requisitos referente a morosidad fiscal dictados por ella en el decreto que regula las condiciones para actuar como gestor y cobrador de tales subvenciones.

 

El trato de favor a la firma en la que trabaja su marido sigue sin provocar que Nadia Calviño dé explicaciones convincentes en sede parlamentaria pese a la ofensiva del PP.

 

Pero al margen de la aparente ilegalidad, el contrato del compañero de gabinete de Calviño fue un auténtico rescate para Beedigital. En 2019, cuando la Seguridad Social se descuelga con la genialidad de contratar a esta empresa para mejorar su imagen y reputación a cambio de 532.000 euros, la firma que dirige el marido de la vicepresidenta arroja unas pérdidas de 6,4 millones.

Es el primer contrato estatal conseguido desde que su director de marketing es Ignacio Manrique de Lara, esposo de Nadia Calviño.

La adjudicación sólo contó con tres ofertas. El vencedor debía monitorizar “las referencias que aparezcan en sitios web referentes a la Seguridad Social con el fin de conocer la calidad que los ciudadanos perciben respecto a los servicios prestados por la Seguridad Social”.

Una misión invasiva

Ya es exótico que el gobernante, en este caso Escrivá, conozca las deficiencias de sus servicios por la vía de contratar a un privado, en lugar de escuchar a sus funcionarios e invertir en mejorar su sueldo, medios y funcionamiento.

Pero el contrato describía además una misión invasiva. “Se debe satisfacer la necesidad de conocer, controlar y gestionar la información que estas plataformas online publican de la Seguridad Social para facilitar el contacto adecuado con los ciudadanos, dado que cada vez se observa una mayor penetración del uso de internet por parte de los ciudadanos y empresas”.

¿Qué es controlar y gestionar por el Gobierno lo que publican los ciudadanos sobre la Seguridad Social? Ya suena abusivo soltar medio millón para leer redes ajenas, ¿pero controlarlas?

La Seguridad Social contrató en 2019 por 532.400 euros, IVA incluido, a la empresa del esposo de Nadia Calviño, aunque le debía entonces 421.000

Por si había dudas, el contrato detallaba lo siguiente. El adjudicatario se encargará de mantener actualizados los datos referentes a la Seguridad Social en las siguientes plataformas de internet: google, bing, facebook, instagram, whatsap, twitter, pinterest, vine, uber, y plataformas GPS como here, tomtom y navegadores de las principales marcas de automóviles (Ford, Honda, Kia, Toyota…).

 

 

La Seguridad Social prácticamente sólo dejaba fuera de su lupa a Tiktok. El contratista tenía que hacer un análisis anual sobre la reputación de la Seguridad Social que evaluara la percepción de los usuarios, y propuestas de mejora. Y acometer un “rastreo de temas del sector, opiniones y sugerencias que proporcionen apoyo para generar innovación”. Por último, debía emitir “alertas diarias” prestando “asesoramiento sobre las actuaciones a realizar”.

Hechos chocantes

El PSOE consagra una nueva política. No son los asesores de Escrivá, ni sus altos cargos, ni sus miles de funcionarios, quienes deben alertar sobre las disfunciones del servicio de la Seguridad Social. Debe hacerlo una empresa privada guiada por lo que lee en redes.

La adjudicación tuvo hitos chocantes. Una firma fue descabalgada del proceso selectivo. La insensata presentó una oferta “anormalmente baja” que era la mitad de barata que las otras dos. Esgrimía que podía hacerlo por 233.000 euros y las otras dos no se apeaban de 440.000 euros. Era el filtro de las supuestas puntuaciones objetivas.

Ya es exótico que el gobernante, en este caso Escrivá, conozca las deficiencias de sus servicios por la vía de contratar a un privado

Las valoraciones opinativas, “juicios de valor”, las ganó de calle la firma del marido de Calviño. 15 puntos frente a los 13,75 del rival. Y desbancada la supuesta oferta temeraria, la suya era la más barata por apenas 3.400 euros.

El contrato se firmó el 28 de noviembre de 2019. Tenía vigencia hasta el 29 de noviembre de 2020. Meses antes de concluirse, la Seguridad Social renovó el 7 de julio de 2020 el contrato a su mastín reputacional.

Durante la Operación Púnica, la Guardia Civil investigó con lupa los contratos reputacionales pagados con dinero público para determinar si beneficiaban al político o a la administración. Aquí, como mínimo, deja un debate: ¿en plena crisis es mejor arreglar un socavón o gastar en saber qué se opina en redes del socavón y del ministro?