| 27 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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La falta de información, el problema más común al alquilar un coche

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido 149 consultas y reclamaciones en los últimos dos meses y medio sobre los problemas de usuarios con los vehículos de alquiler.

| Carlos Alarcón Motor

El alquiler de coches se incrementa en épocas vacacionales, aunque en ocasiones con algunas sorpresas para los usuarios de este servicio de movilidad. Nadie pone en duda su comodidad, pero sus precios pueden ser disuasorios y la factura final puede implicar alguna desagradable sorpresa.

En los últimos dos meses y medio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido 149 consultas y reclamaciones, siendo los dos problemas más frecuentes la falta de información básica en el contrato y los cobros abusivos por presuntas anomalías en el momento de la devolución.

Por un lado, la organización ha señalado que el contrato no siempre incluye información básica. Por ello, OCU ha recomendado comprobar que el contrato cite expresamente el alcance de la cobertura del seguro, además de la fianza, la identificación de los conductores, la duración del contrato, la forma de pago y los detalles sobre la recogida y devolución del coche.

Por otro lado, en cuanto a los cobros posteriores por defectos en el vehículo, la organización ha aconsejado "revisar con detalle" el estado en el que lo entregan y hacer constar, por escrito y con fotografías, cualquier anomalía a la compañía antes de abandonar la oficina de alquiler.

Además, OCU ha apuntado que se debe acompañar al empleado durante la revisión del estado del vehículo en la entrega y que los cargos por servicio de repostaje, de más de 30 euros, o cargos adicionales por limpieza son "improcedentes" si no están incluidos expresamente en las condiciones del contrato.

Por último, la organización ha recordado que, en caso de conflicto y ante una falta de acuerdo con la compañía, el afectado puede recurrir a la vía judicial sin necesidad de abogado ni procurador hasta un importe máximo de 2.000 euros.