Toyota exige un «baño de realidad» a la UE y Reino Unido para no ahogar a la industria del automóvil

El sector del automóvil en Europa atraviesa un momento crucial de redefinición regulatoria. Mientras los legisladores de la Unión Europea aceleran en la elaboración de la Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act) y en la revisión del paquete de medidas para el transporte, el Gobierno del Reino Unido reevalúa de forma paralela los términos de su mandato de vehículos de cero emisiones (ZEV). En este contexto de máxima incertidumbre política e industrial, Toyota ha decidido dar un paso al frente con un mensaje firme dirigido a las administraciones de ambos lados del Canal de la Mancha: la transición hacia la movilidad descarbonizada exige pragmatismo, espíritu de colaboración y una lectura sensata del mercado real.

La postura del gigante nipón no es la de un actor externo que observa el panorama a distancia. Toyota habla desde la legitimidad que le otorgan más de seis décadas de presencia continuada en el continente europeo, donde diseña, desarrolla y fabrica vehículos, plantas motrices y sistemas híbridos de forma local. Su red de centros productivos e instalaciones de I+D en suelo europeo sostiene miles de empleos directos e indirectos y genera una cadena de valor profundamente integrada con proveedores regionales.

«Toyota no es un invitado en Europa. Somos un fabricante europeo y queremos que la industria automovilística europea tenga éxito».Sintetizó Yoshihiro Nakata, presidente y CEO de Toyota Motor Europe

La compañía respalda de manera categórica los objetivos de descarbonización de la Unión Europea y el Reino Unido. Sin embargo, advierte que las decisiones regulatorias que se adopten en los próximos meses determinarán la supervivencia y la competitividad de la base industrial europea a escala global. Para Toyota, la clave radica en diseñar un marco normativo que refleje la demanda efectiva de los compradores, respete la neutralidad tecnológica y ponga en valor las alianzas estratégicas construidas durante décadas.

Del «Made in Europe» al «Made with Europe»: una escala de 31 millones de vehículos

Uno de los ejes centrales de la posición de Toyota se centra en la futura Ley de Aceleración Industrial. Aunque la marca comparte la intención de la Comisión Europea de fortalecer el tejido industrial del continente, argumenta que la definición territorial de la producción debe contemplar una escala económica suficiente para competir contra potencias globales como Estados Unidos o China.

Limitar de forma estricta la consideración de producción local al perímetro geográfico exclusivo de los países miembros de la UE enviaría una señal contraproducente a las empresas que han invertido masivamente en la región circundante. Integrar plenamente a socios comerciales estratégicos vinculados mediante uniones aduaneras o acuerdos de libre comercio con plena reciprocidad —destacando casos como el Reino Unido, Turquía y Japón— amplía el volumen del mercado accesible a cerca de 31 millones de vehículos anuales. Esta masa crítica resulta imprescindible para amortizar las inversiones tecnológicas requeridas en la era eléctrica.

Para Toyota, el valor de un vehículo producido en Europa no se mide únicamente por la procedencia del último componente ensamblado, sino por todo el ecosistema de ingeniería, diseño, desarrollo tecnológico, empleo cualificado e inversión en I+D desplegado en la región.

Por esta razón, la firma japonesa plantea a las autoridades comunitarias una agenda de medidas concretas en materia industrial:

Adopción formal del concepto «Made with Europe»: Reconocer legalmente a un grupo delimitado de socios comerciales de confianza (como Reino Unido, Turquía y Japón) vinculados por acuerdos bilaterales maduros y reciprocidad efectiva.

Escalado progresivo de componentes: Introducir los requisitos de contenido europeo de forma gradual hasta alcanzar un umbral del 70 % al cabo de tres años, incluyendo en dicho cómputo el valor de la ingeniería, la investigación, el desarrollo y el ensamblaje final a precio de salida de fábrica.

Moratoria hasta 2030: No aplicar exigencias sustanciales de contenido local a la automoción antes de 2030, respetando así los ciclos de vida de los modelos y las inversiones de la cadena de suministro ya comprometidas.

Revisión del umbral de producción local: Fijar en el 70 % la cuota sobre las ventas totales requerida para certificar la producción regional, desechando la propuesta del 85 %, que impondría un riesgo de incumplimiento inasumible para las marcas.

Criterios homogéneos de apoyo al mercado: Garantizar que los vehículos fabricados bajo la fórmula Made with Europe accedan en igualdad de condiciones a licitaciones públicas, planes de incentivos directos y regulaciones de flotas corporativas.

Exención temporal para el hidrógeno: Excluir de forma transitoria a los vehículos propulsados por pila de combustible (FCEV), otorgando el margen necesario para que la cadena de suministro y la infraestructura europea del hidrógeno maduren.

Flexibilidad en las emisiones: adecuar los plazos al ritmo de los compradores

El segundo pilar de la propuesta de Toyota afecta directamente al paquete normativo de emisiones de CO₂. Aunque la meta final de descarbonización para 2035 se mantiene en el horizonte, la compañía recalca la brecha existente entre las exigencias normativas y las cifras de matriculaciones reales que proyecta el mercado.

Las estimaciones del sector prevén que los vehículos eléctricos de batería (BEV) alcancen aproximadamente el 45 % de las matriculaciones de turismos nuevos en 2030, mientras que la legislación europea vigente impone para ese año una penetración superior al 55 %. En el segmento de los vehículos comerciales ligeros (LCV), la discrepancia entre el calendario legal y la adopción real por parte de autónomos y flotas es todavía más acusada. De no introducirse mecanismos de flexibilidad, los fabricantes se verán forzados a destinar ingentes recursos económicos a abonar sanciones por incumplimiento en lugar de financiar las tecnologías limpias que requiere el mercado.

Frente a esta situación, Toyota solicita ajustar el marco operativo de la UE mediante las siguientes vías:

Ventana de cumplimiento plurianual (2028-2032): Permitir el cálculo de promedios de emisiones a lo largo de un período de cinco años para mitigar el impacto de los picos regulatorios entre 2030 y 2031.

Redefinición de los objetivos intermedios: Fijar un objetivo de reducción de CO₂ del 90 % para 2035 en turismos, abriendo la puerta a cubrir el 10 % restante mediante el uso de combustibles renovables y acero bajo en carbono.

Tratamiento específico para comerciales ligeros: Adaptar la trayectoria de los LCV a un 35 % de reducción de emisiones en 2030 y un 80 % en 2035, evaluado en promedios quinquenales para respetar las necesidades de carga, uso intensivo y autonomía operativas de los clientes profesionales.

Reconocimiento del formato VEEF: Considerar como vehículos de cero emisiones a aquellos que utilicen exclusivamente combustibles renovables elegibles (VEEF, por sus siglas en inglés), armonizando esta definición en toda la UE en consonancia con la Directiva de Energías Renovables (RED III).

Cláusulas de revisión ligadas a la infraestructura: Evaluar de forma periódica los compromisos legales si la implantación de puntos de carga públicos o la demanda final no avanzan al ritmo previsto por las administraciones.

Reino Unido: una transición coordinada con el continente

En lo relativo al mercado británico, Toyota celebra la decisión del Gobierno de someter a revisión el mandato ZEV. Con el horizonte de 2030 a apenas tres años de distancia, la industria necesita certidumbre inmediata, dado que las decisiones sobre las líneas de ensamblaje actuales determinarán la producción industrial hasta mediados de la década de 2030.

Toyota apremia al Ejecutivo británico a alinear su estrategia con la realidad del mercado y con el ritmo de la Unión Europea mediante los siguientes puntos clave:

Objetivos ZEV revisados para 2030: Establecer una cuota máxima de vehículos de cero emisiones del 50 % para turismos y del 40 % para comerciales ligeros en 2030, reforzada con mecanismos de flexibilidad comercial.

Marco claro a largo plazo: Definir de forma inmediata las reglas del juego de cara a 2035 para dar certidumbre a la cadena de proveedores.

Mantenimiento de vías de cumplimiento: Extender la aplicabilidad de los créditos y flexibilidades normativas hasta 2035.

Convergencia con la UE: Adoptar períodos de evaluación quinquenales similares a los propuestos para la Unión Europea.

Vía para los combustibles renovables: Reconocer el aporte de los e-fuels y biocombustibles como herramientas eficaces para la descarbonización de la flota circulante, estudiando una adaptación del concepto europeo VEEF.

Cierre de la revisión en 2027: Concluir definitivamente el proceso de revisión del mandato ZEV durante el año 2027 para evitar vacíos regulatorios.

Como remató Matt Harrison, director corporativo de Toyota Motor Europe, el futuro de la movilidad competitiva en el continente depende de la cooperación estratégica y la apertura comercial:

«El aislamiento nos hace más débiles. Europa cuenta con las capacidades, el talento y los socios de confianza necesarios para liderar, pero la legislación debe reflejar el ritmo al que los clientes pueden y están dispuestos a cambiar. Nuestra principal petición es apostar por el concepto “Made with Europe”, porque juntos somos más fuertes».