Iglesias y Montero escondieron a Podemos su riqueza durante casi tres años
48 horas después de conocerse su fortuna, los máximos dirigentes de Podemos no se atreven a dar explicaciones que ellos pidieron a otros, mientras crece la polémica interna.
Tres días después de que el BOE publicara la fortuna que han amasado desde que llegaran a la política denunciando a la "casta", ninguno de los dos ha querido ofrecer explicaciones que incluso les han reclamado antiguos compañeros como Ramón Espinar.
Oficialmente, Podemos no tiene nada que decir. Y los aludidos, tan proclives a hablar de las rentas, los ingresos o el patrimonio de otros, no han considerado necesario explicar cómo se han enriquecido, de manera espectacular, coincidiendo con su llegada a la política y en el mismo periodo en el que España más ha pronunciado su crisis económica y sus cifras de paro.
Fuentes próximas a Podemos reconocen a ESdiario que este asunto les ha llegado en muy mal momento, al borde de una campaña electoral que sin duda va a estar marcada por la fortuna de la pareja y será un tema recurrente en mítines y debates con sus adversarios.
La polémica arrancó el pasado viernes cuando, en cumplimiento de la ley, todos los altos cargos del Gobierno vieron publicadas en el BOE sus bienes y se confirmó que e Irene Montero ya acumulan una fortuna de 1,1 millones de euros.
De hecho, el vicepresidente tiene un patrimonio de 539.880,25 euros, de los cuales 233.282 son de bienes inmuebles como su famosa casa en Galapagar, 111.000 euros de depósitos en cuentas bancarias, 187.500 en seguros de vida y planes de pensiones, y 8.000 en otros bienes, aunque tiene una deuda de 231.156 euros. Lo que arroja un patrimonio neto de 310.724 euros. Mientras que Montero tiene 629.969,82 euros, y una deuda 231.156,50 euros.
Ni Iglesias ni Montero publican sus bienes y salarios en la web de Podemos desde 2018: ni siquiera consignan que son padres
Un perfil económico demoledor para quienes tildan de millonarios a personas en su situación; consideraron inaceptable cobrar más del triple del salario mínimo interprofesional y atacaron a otros dirigentes políticos por vivir en casa de un coste y estatus parecido al de su enorme chalet en Galapagar.
Con un matiz importante. Ninguno de los dos llegó a la política con el "ajuar" hecho: Pablo Iglesias tenía un puesto de profesor en la Universidad sin jornada completa y toda la experiencia laboral de Irene Montero se limitaba a unos meses de trabajo en una firma de electrodomésticos.
Por todo ello, nombres muy conocidos de Podemos como Ramón Espinar han exigido explicaciones, que pueden extenderse cuando trascienda otro ejercicio de oscurantismo detectado por ESdiario: ninguno de los dos ha hecho públicas sus declaraciones de bienes y de patrimonio en el portal de Transparencia de su partido desde hace tres años.
Sin transparencia
En concreto, Iglesias no publica su información económica personal desde el 17 de mayo de 2018, cuando lo hizo por última vez. Ya entonces su situación económica era muy saneada, a pesar de que en ese momento aún estaban limitados los salarios en Podemos con un tope de tres veces el SMI, límite derribado tiempo después en los estatutos del partido.
Tampoco Irene Montero ha cumplido con esa obligación interna desde entonces y sus datos personales están sin renovar desde que los incluyó por última vez el mismo día, curiosamente, que el propio Pablo Iglesias.
La última nómina que Pablo Iglesias colgó en Podemos es de 2017
Peor aún es la situación de la actual secretaria de Estado de Agenda 2030 e inminente ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que no publica información alguna en el Portal de Transparencia de Podemos desde que difundiera los pertenecientes a 2017.
Bien es cierto que, al ostentar cargos públicos, están obligados a publicar sus declaraciones de bienes por ley, incluso en el caso de que no quieran hacerlo en los portales de sus propias formaciones políticas. Pero éstos son los únicos en los que sí tienen que dar cuenta de cuánto cobran cada mes y cómo reparten esos emolumentos.
Y ahí el secretismo de Iglesias y Montero es aún mayor: el líder de Podemos no da cuenta de sus retribuciones desde 2017, ni tampoco explica desde entonces cómo "redistribuye" esos ingresos en donaciones, proyectos sociales o cualquiera de los destinos a los que él y toda la cúpula del partido se comprometió en los inicios de su carrera.
Los últimos datos que Iglesias ha querido dar a sus propios afiliados son de hace cuatro años y, a todas luces, están muy desfasados: por aquel entonces reconocía cobrar 2.122 euros, aunque la única nómina que adjuntaba demostraba que, ya en ese momento, llegó a ingresar 3.500 euros, de los cuales una parte se la cedía al partido y a otros fines sociales. La información está tan poco actualizada que ni siquiera hacer referencia a su condición de padre de tres hijos. Montero no llega a difundir su nómina, ni una antigua al menos.
Contra el Código Ético
El comportamiento personal de Iglesias y de Montero contradice, en varios puntos, la letra o el espíritu del "manual" aprobado por Podemos, regulatorio de las retribuciones, el uso de fondos o recursos públicos o, incluso, la utilización del aforamiento como cargos, al que teóricamente se obligan a renunciar: algo que no ha ocurrido con el "Caso Dina", en el que Iglesias se negó a declarar voluntariamente ante el juez García Castellón e hizo prevalecer ese "privilegio" pese a las instrucciones vigentes hasta el momento de su dimisión como diputado, cuando lo pierde ipso facto:
"No tener ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representantes, para lo que se evitará, desde la responsabilidad del cargo
público, el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial", recoge el apartado b) del artículo XII del Código Ético de la formación.
Es decir, del mismo modo que ambos incumplen sus obligaciones en Transparencia y no aclaran si sus retribuciones se atienen a los límites impuestos por el partido, el hasta hoy vicepresidente no renuncia al aforamiento y ambos dos se sirven de recursos como la célebre "niñera" pagada por el Estado que también colisiona con las instrucciones internas de Podemos: "No realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de transporte y alojamiento...". Todo eso, al menos para ellos, ya es pasado.