Sanidad reta a las Comunidades Autónomas con sus restricciones a la fuerza

Los desacuerdos en las restricciones por la pandemia volverán a verse en los tribunales. El Ministerio de Sanidad ha decidido echar en resto y no considerar como meras recomendaciones las polémicas restricciones a la hostelería y al ocio nocturno aprobadas el miércoles por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con la abierta oposición o con el voto abstencionista de las Comunidades Autónomas más pobladas, que albergan a cerca de dos tercios de los habitantes de España. Las limitaciones y prohibiciones para este verano serán, ahora ya en letra de imprenta oficial, "obligadas" para las Comunidades.Tras dos días indefiniciones, el ministerio que dirige Carolina Darias ha decidido aceptar el desafío de las autonomías 'rebeldes' y ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, en forma de "resolución" de la Secretaría de Estado de Sanidad, la polémica orden.

Este protocolo, entre otras medidas, prohibirá durante las próximas semanas que en toda España las terrazas acepten clientes a partir de medianoche; obligará a los hosteleros a recoger las mesas a la 1 de madrugada; forzará al ocio nocturno y a las discotecas a echar la persiana a las 3 de la madrugada; o exigirá a los empresarios a cerrar el interior de sus locales cuando la incidencia acumulada esté por encima de 150 casos por cada 100.000 habitantes.Al final, Sanidad ha plasmado en el BOE de este sábado su tesis de que los acuerdos del CISNS, aunque no sean por unanimidad ni exista un sistema de valoración adaptado al peso de cada territorio, han de ser acatados y "obligan" a todos los territorios con "independencia de su voto", según reza el texto publicado.Las cinco páginas de resolución en el boletín firmadas por Silvia Calzón, la secretaria de Estado de Sanidad y número 2 de Darias, eran la formalidad que las comunidades 'rebeldes' esperaban para desatar la batalla judicial contra el protocolo con el que Sanidad aspira a homogeneizar las medidas contra la pandemia este verano, al menos hasta que España alcance el 70% de vacunados (33 millones de personas) a mediados de agosto.Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña, Castilla y León, Euskadi y Melilla fueron los territorios que se abstuvieron o votaron en contra del acuerdo. La mayor parte de ellos ya ha anunciado que no acatará el protocolo y los servicios jurídicos de varias comunidades estudian desde el jueves la posibilidad de plantear recurso contra el acuerdo del Interterritorial. Un nuevo choque que va a convertirse en el enésimo capítulo de la judicialización de la lucha contra el Covid.Los borradores en los que ya trabajan Madrid y Castilla y León y los que estudian otras comunidades son muy similares y tienen intención de dirigirse a la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El argumento central, en síntesis, es que el Interterritorial no puede imponer su criterio porque es un mero órgano de coordinación técnica entre técnicos de las diferentes administraciones territoriales.

Ni acuerdo ni consenso

Los alegatos tratan de incidir en el artículo 69 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fue el que en 2003 dio carta de naturaleza a este foro, al que definió exclusivamente como un "órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado".

Por su parte, el Gobierno central pone todo el acento en que el Interterritorial no es más que una "conferencia sectorial" y que, por tanto, tiene que plegarse a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en 2015 bajo la mayoría del PP, cuyo artículo 151 establece que "cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial (…) será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto".En ese punto, las Comunidades replican que no ha existido tal "acuerdo" porque nunca ha habido el imprescindible "consenso".