La 'Ley Begoña' que no verá la luz pero sí que servirá a Pedro Sánchez

El portavoz socialista, Patxi López, anunció la voluntad de su Grupo (a instancias de Pedro Sánchez y su equipo de gobierno) de tramitar la supresión de la figura de la acusación popular y evitar que la Justicia admita denuncias sustentadas únicamente en noticias publicadas en prensa. Esa iniciativa que la oposición ha bautizado como la «Ley Begoña» (en alusión al caso en el que se encuentra inmersa su esposa, Begoña Gómez), al entender que Sánchez solamente busca poner una mordaza a la ciudadanía evitando que asociaciones, partidos o sindicatos recurran a la Justicia. O a la propia libertad de información para, en realidad, amnistiar a todos aquellos parientes, amigos y compañeros de partido que se están viendo salpicados por presuntos escándalos de corrupción,

Esta nueva norma del PSOE no es sino una cortina de humo que pone sobre la mesa un enorme debate que tiene sentido jurídico en su origen pero que, en realidad, se convierte en una herramienta para seguir ahondando en el mensaje del acoso judicial, el lawfare y la existencia de jueces que, supuestamente, odian a Sánchez y hacen «lo que sea» para amargar su existencia y la de sus allegados.

Ese «lo que sea», según el entorno de Sánchez, pasa por remangarse las togas para buscar afanosamente posibles delitos en el entorno del presidente del Gobierno o por admitir denuncias que jamás debieran haberse admitido por su propio formato (recortes de prensa). Por lo demás, la iniciativa presentada por el portavoz López es una pérdida de tiempo, desde el momento en que, varios de los dirigentes socialistas admiten en privado que "no lo habíamos hablado previamente con ninguno de nuestros socios" y que "no está nada claro que podamos sacar la iniciativa adelante".

Tal como está la relación con Junts, no parece que los de Carles Puigdemont estén dispuestos a votar muchas iniciativas conjuntamente con el PSOE ahora que los socialistas les están haciendo «luz de gas» a su iniciativa/exigencia de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. No están por la labor, en principio, ni aunque el propio Puigdemont fuese uno de los beneficiarios de los efectos de la norma.

Por otra parte, solo hay que comentar la jugada con las diferentes facciones de Sumar para darse cuenta de que tampoco ven con buenos ojos la iniciativa y, en especial, la forma (con carácter retroactivo) en que se ha presentado, el momento (cuando la esposa del presidente y su hermano están inmersos en procesos judiciales) y la oportunidad.

En todo caso el debate, que podría tener su legitimidad y que no es nuevo puesto que, sin hablar de retroactividades, ya lo esgrimió hace un par de décadas el que entonces fuera portavoz de Jueces para la Democracia, el ya fallecido José Antonio Alonso, o más recientemente, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por entonces el PP defendía algo muy parecido en tiempos en los que el caso Gürtel atenazaba judicialmente a alguno de sus miembros y machacaba diariamente la imagen del partido, se ha convertido en pocos días en una ciénaga en la que chapotean unos y otros.

Un debate estéril concebido con una calculada provocación por parte de los socialistas pero que centra la atención de medios de comunicación y personas que aspiran a estar bien informadas. Mientras tanto otros asuntos de enorme interés pasan a un segundo plano. Una vez más, Sánchez tira de estrategia para ganar tiempo y desviar la atención. Lo curioso es que todos, propios o ajenos, entran de cabeza en ella.