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Lunes negro para Sánchez: citado en el caso Begoña Gómez y el Fiscal General acorralado
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El Partido Popular (PP) y Vox en la Asamblea de Madrid han solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación que analiza el presunto trato de favor hacia su esposa, Begoña Gómez, en su relación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Esta comisión, impulsada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, busca esclarecer posibles irregularidades en la creación y dirección de cátedras y programas de posgrado en la UCM. Aunque Begoña Gómez está citada a comparecer, es poco probable que Pedro Sánchez acuda, ya que los altos cargos del Gobierno no están obligados a comparecer ante comisiones de investigación autonómicas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, eliminó intencionadamente todos los mensajes de WhatsApp de su dispositivo en dos ocasiones el 16 de octubre de 2024, coincidiendo con la apertura de una investigación judicial en su contra por una presunta filtración relacionada con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Estas acciones han llevado al Partido Popular (PP) a acusar a García Ortiz de "borrar pruebas de presuntos delitos" para evitar ser incriminado. La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha señalado que "quitar las pruebas de la comisión de un presunto delito ya es una prueba de que hay mucho que ocultar". Además, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que es él quien debe pedir perdón por "usar" la Fiscalía para atacar a rivales políticos y defenderse en casos de corrupción.
Estas acusaciones se suman a la reciente solicitud del PP y Vox en la Asamblea de Madrid para que Pedro Sánchez comparezca en la comisión de investigación sobre el presunto trato de favor hacia su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid. Ambos casos reflejan la creciente tensión política y las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición, evidenciando la desconfianza en las instituciones y la politización de la justicia en España.
