Sánchez acuerda con Puigdemont mandar hasta 700 menores migrantes a Madrid y unos 20 a Cataluña

Otra concesión más para Carles Puigdemont. Él pide -más bien exige- y Pedro Sánchez concede. El presidente del Gobierno es rehén, continuamente, de sus socios. Sobre todo, del que se encuentra huido de la justicia española, en Waterloo. Y si encima, es a la Comunidad de Madrid a quien se endosa el problema, pues el líder socialista traga de buena gana.

La vertiente socialista del Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con Junts para redistribuir a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y que serán enviados a otras comunidades autónomas. 

Este reparto se realizará a través de un real decreto ley que establecerá criterios basados en la población y el esfuerzo previo en la acogida de menores, con el objetivo de resolver la situación humanitaria y mejorar la integración de estos jóvenes. 

Madrid tendrá que acoger a una gran parte

Según fuentes cercanas a Carles Puigdemont, comunidades que han realizado menores esfuerzos en el pasado, como Madrid, acogerán a más de 700 menores, mientras que Cataluña recibirá entre 20 y 30. Hablamos de un total de 4.000 menores migrantes no acompañados. Otro agravio enviado desde el Palacio de la Moncloa hasta la Puerta del Sol en el particular pulso que mantiene la Presidencia del Gobierno con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez insiste en batallar contra Isabel Díaz Ayuso. Y cualquier excusa es buena.

Los propios interlocutores que han negociado la letra pequeña consideran que este acuerdo establecerá unos "criterios justos y equitativos", desde su punto de vista. Y aseguran que servirán "tanto para resolver la situación humanitaria, como para ser más eficaces en el trabajo de integración y oportunidades de vida a los menores", dicen.

Este pacto (que volverá a generar mucha polémica) incluye que las diferentes regiones que han estado por encima de la media de plazas que según sus propios criterios tienen que tener -es decir, Cataluña- recibirán una compensación económica adecuada. "Solo así se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible", sentencian desde Junts.

Transferencia de competencias a Cataluña

Y todo esto, días más tarde de que se conozca también la transferencia de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Este pacto permitirá las instituciones catalanas gestionar su propia inmigración, incluyendo la tramitación de expedientes y la propuesta de expulsiones, aunque desde Moncloa no paran de repetir que el Estado mantendrá la decisión final. 

Estos acuerdos evidencian la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de atender las demandas de las fuerzas independentistas catalanas para garantizar su apoyo parlamentario. La transferencia de competencias y la gestión compartida de desafíos como la inmigración forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la colaboración entre el Ejecutivo central y la Generalitat.

Sin embargo, estas decisiones han generado críticas por parte de otras comunidades autónomas y sectores políticos. Líderes del Partido Popular han expresado su rechazo al pacto, calificándolo como una "cesión" en materia de inmigración . Además, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado que es "imposible" alcanzar acuerdos en política migratoria con el Gobierno central, acusando al presidente Pedro Sánchez de priorizar pactos con Carles Puigdemont .