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Madrid llevará ante la Justicia europea el pacto de Sánchez con los independentistas

La Comunidad de Madrid ha decidido acudir a los tribunales europeos para impugnar el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los partidos independentistas catalanes.

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La presidente de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso,

REMITIDA / HANDOUT por COMUNIDAD DE MADRID 

(Foto de ARCHIVO) La presidente de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, REMITIDA / HANDOUT por COMUNIDAD DE MADRID COMUNIDAD DE MADRID

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La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, considera que este pacto vulnera los principios de igualdad y legalidad de la Unión Europea, por lo que pretende llevar el caso ante las instituciones comunitarias.

Una batalla legal con repercusión internacional

Desde el Ejecutivo madrileño aseguran que el acuerdo, que incluye concesiones en materia judicial y financiera a Cataluña, discrimina a otras comunidades autónomas y rompe el equilibrio territorial. Ayuso ha manifestado su intención de recurrir a la Justicia europea para evitar que estas medidas se apliquen sin el control necesario.

El Gobierno central, por su parte, ha defendido la legalidad del pacto y ha restado importancia a la iniciativa de Madrid, asegurando que las negociaciones con los independentistas se enmarcan dentro del marco constitucional. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambas administraciones sigue escalando y se prevé que la batalla judicial pueda alargarse en el tiempo.

Madrid busca apoyo en Europa

El recurso que la Comunidad de Madrid pretende presentar se basa en la posible vulneración de normativas comunitarias, argumentando que el trato diferenciado a Cataluña puede ser contrario al principio de igualdad de la Unión Europea. El Ejecutivo regional confía en que Bruselas estudie el caso y pueda pronunciarse al respecto.

Mientras tanto, este nuevo capítulo en la disputa política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid añade más tensión al panorama político nacional. La decisión de recurrir a instancias europeas supone un desafío inédito en el ámbito autonómico y podría sentar un precedente para futuras controversias entre administraciones.

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