Sánchez ve en Mazón el filón que necesita para atacar a Feijóo por la inmigración

Las pausas y los silencios, al igual que las miradas, dicen mucho. Más de lo que quisiéramos en algunos casos. Cuando de puertas hacia dentro en el Palacio de la Moncloa se pregunta qué tienen de progresista, socialdemócrata o de izquierda las políticas de Junts a las que ahora se abrazan con fuerza los activos de Ferraz en esta era 'sanchista' del PSOE, se aprecia la incomodidad y el malestar. 

Sin embargo, esta situación también mantiene a todos los peones en alerta y nadie quiere salirse del discurso sincronizado que ahora toca trasladar sobre el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, en cuanto al reparto de menores migrantes no acompañados se refiere. 

La consigna pasa por trasladar la presión a los barones del Partido Popular. Se busca atacar a Alberto Núñez Feijóo, provocar a Isabel Díaz Ayuso y poner el foco en Carlos Mazón. En el entorno del presidente del Gobierno reconocen que el de los menores no acompañados que cruzan nuestras fronteras "es un tema muy complejo". Y, por tanto, argumentan "se debe tratar como un asunto de Estado". 

Esta es su manera de exigir a Génova que acepten la fórmula elegida para calcular el reparto. La misma que permite a Cataluña acoger a una veintena de menores de edad y exponer que la Comunidad de Madrid está obligada a hacer sitio, al menos, a unas 700 personas, de un total de 4.400.

"No pueden decir que no tienen sitio"

En Moncloa repiten que lo que no van a permitir es que las administraciones autonómicas se escuden en que "no tienen sitio" para recibir a estos migrantes. "Si no tienen infraestructuras, hay que habilitar o construir". Y añaden: "No son tantos, hemos evacuado poblaciones de miles de personas en otras ocasiones". 

Cuando se pregunta por la significativa diferencia de cifras en cuanto a las plazas que habrá que habilitar en unas u otra regiones, la respuesta es tajante: "Es lo que hay". Estas mismas fuentes del Gobierno entienden que, a pesar de sus propios cálculos, "no es fácil". "Que nos digan en las comunidades gobernadas por el Partido Popular cómo están y lo solucionamos entre todos". 

Con este nuevo acercamiento a la derecha independentista catalana y a sus postulados, en Moncloa tratan -otra vez- de cambiar el relato y poner el foco en postulados racistas y xenófobos. Pero no en los de su principal socio, Carles Puigdemont. El objetivo, en cambio, es continuar viendo la paja en el ojo ajeno de Carlos Mazón y no la viga en el propio. De ahí que aseguren en el círculo cercano a Pedro Sánchez que a los líderes del PP les toca "asumir esta parte de responsabilidad de un problema que es estatal. Y, si no lo quieren asumir, que lo expliquen". 

Es en ese momento, cuando recurren al presidente de la Generalitat -pero de la Valenciana-, afirmando que Mazón "lo tiene muy claro", en clara referencia al acuerdo alcanzado con Vox para unos nuevos presupuestos regionales, que tienen como contrapartida acercarse más a Santiago Abascal y a su forma de concebir el problema migratorio. "No es tanto atacar a Mazón, como defendernos", dicen en Moncloa. "El que ataca es él", sentencian. Un filón del que están dispuestos a seguir extrayendo todo el material arrojadizo posible hacia el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Gastos derivados de cada menor 

El Consejo de Ministros de este martes ha acordado que se destinen 100 millones de euros a financiar este año la atención de los menores migrantes por las comunidades autónomas, aliviando de este modo la situación “extraordinaria” que viven Canarias y Ceuta. Así lo ha expuesto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, el titular de la también cartera de Memoria Democrática no ha entrado en más detalles económicos. Lo que sí se conocen ya son las cifras de los gastos derivados que supone mantener a estas personas migrantes en unas condiciones dignas.

El coste asistencial medio de cada plaza asciende a unos 145 euros al día, de media. Cabe destacar que hay que cubrir -como mínimo- el alojamiento, la manutención y la integración de los menores acogidos. Al mes, el gasto por persona alcanza los 4.350 euros. Es decir, unos 52.000 euros al año. 

Con las cifras que aporta Junts, según sus propios cálculos y que el Gobierno ha dado por buenas hasta ahora, la Generalitat de Cataluña acogería como mucho a 30 menores. Lo que supondría un coste total 1.566.000 euros. Sin embargo, la Comunidad de Madrid tiene que buscar sitio -al menos- a 700 nuevas plazas. En este caso, los gastos para la administración de Isabel Díaz Ayuso superarían los 36 millones de euros (36.540.000). Pero, como explican en Moncloa, "es lo que hay".