Ni financiación autonómica ni PGE: Sánchez se abraza al "rearme"

El desacuerdo con los socios de Investidura y el “frente” del PP empantanan la Legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro SánchezSIERAKOWSKI FREDERIC

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La imprevisibilidad de Puigdemont, y la tensión a la izquierda del PSOE hacen inviable avanzar en la aprobación de unos PGE que, obligatoriamente, deberán reestructurar sus prioridades y reasignar sus partidas más cuantiosas. La aplazada actualización del sistema de financiación autonómica tampoco avanzará, conformándose el Ejecutivo con la “quita” de la deuda, asignada a las autonomías, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular.

En un escenario de Legislatura que tiene visos de convertirse en un denso pantano, Sanchez ha decidido entregarse a la gestión del “rearme” en materia de Seguridad nacional y europea, focalizando su actividad casi exclusivamente al ámbito internacional.

En estos momentos operan fuera de España, sobre todo bajo paraguas de la OTAN, unos 4.000 componentes de las FAS españolas, que también forman parte de operaciones militares europeas, en lo que la jerga oficial de la UE reconoce como “desarrollo y estrategia de Seguridad”, dado que en la Unión Europea no se utiliza el termino “defensa”, al menos hasta la fecha.

En el Ejecutivo, tal como reconoce particularmente la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha instalado la convicción de que ni Junts ni Podemos van a colaborar en que Sanchez tenga unos nuevos Presupuestos, ni siquiera antes del mes de agosto. La cantinela de que “se puede gobernar sin Presupuestos” (seguirían en vigor los de 2023) es un recurso del “pataleo”, y dibuja el agotamiento del pacto de Investidura que sostiene a Sánchez.

La otra "patata caliente"

La financiación autonómica es la otra “patata caliente” en materia Fiscal y Financiera, dado que una vez aprobada la “quita” de la deuda autonómica, rechazada y recusada por las autonomías del PP, es prácticamente imposible que culmine cualquier acuerdo para aprobar un nuevo sistema de Financiación Autonómica, pendiente de renovación desde hace seis años.

El Gobierno tiene dos opciones: convocar en los próximos tres meses el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el nuevo sistema de Financiación Autonómica o no hacer nada. Montero puede argumentar en este segundo escenario que su ministerio ya ha culminado la “quita” de la deuda, que es -indudablemente- una parte de la Financiación de las autonomías, y que el desacuerdo generalizado de las Comunidades gobernadas por el PP hace inviable siquiera convocar el órgano en el que se decide el sistema de financiación de las autonomias.

El puzle de la financiación cuenta hasta la fecha con dos hitos: el acuerdo entre PSOE y ERC sobre la “singularidad financiera de Cataluña”, que sirvió para llevar a Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat; y la aprobación de la “quita” de la Deuda, con el voto en contra de todas las Comunidades del PP, que son una abrumadora mayoría de las haciendas autonómicas.

El “marco general” que ha servido en el pasado para acordar un nuevo sistema de Financiación se componía de las transferencias y la deuda. El Consejo de Política Fiscal y Financiera debatía sobre ambas partidas. En teoría, con la reciente liquidación de parte de la deuda mediante “quita” se ha dado a las autonómias una parte del “neto” de la financiación, a cuenta del resultado final del volumen de financiación que corresponda a cada territorio.

Sin consenso

Hace cuatro años Hacienda solicitó a las CCAA (excluidas Navarra y País Vasco) que enviaran sus criterios de financiación. El Parlamento andaluz acordó -con el voto del PSOE y del PP- un documento. Otras CCAA también enviaron sus correspondientes documentos, pero sin consenso de los grandes partidos.

Por tanto, el ministerio de Montero dispone de una serie de documentos (aunque probablemente poco útiles a estas alturas) para redactar el borrador que debería ser circulado a las consejerias de Hacienda como base del debate que se produciría en la hipotética convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La advertencia de las Comunidades del PP y de Génova de que la singularidad de Cataluña altera totalmente cualquier atribución de transferencias contables a las haciendas autonómicas hace inservible la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que es descartable que en la actual Legislatura se renueve el caduco sistema de Financiación actual.

Junts mira para otro lado

Junts, PNV y ERC se mantienen al margen del debate de Financiación, pero no así de la negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. El acuerdo de inmigración, suscrito entre Junts y Sanchez parecía un buen precedente para que la derecha independentista anti-inmigración catalana apoyara el proyecto de Presupuestos de Montero, pero Puigdemont no relaciona ahora el acuerdo inmigratorio con su apoyo a los PGE.

La redefinición de unos Presupuestos 2025, que tendrán que reforzar obligatoriamente el gasto en Seguridad y Defensa, aleja a la extrema izquierda -particularmente a Podemos- de apoyar unos PGE con partidas reasignadas y nuevas figuras impositivas que habrán de negociarse deprisa y corriendo para llegar a julio con un texto de proyecto consensuado.

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En resumen, Sanchez ve alejarse la aprobación de unos nuevos Presupuestos, y Montero tira la toalla en la renovación del viejo sistema de Financiación Autonómica, haciendo ver que con la “quita” de la deuda a las autonomías -incluidas obviamente las gobernadas por el PP- ha cumplido con una parte del compromiso de financiar adecuadamente a las CCAA.