Zapatero se ofrece como intermediario para intentar que Puigdemont apoye los Presupuestos de Sánchez

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular ha participado en la presentación de la campaña "antiokupación" del PP con la que trata de señalar el "secuestro" y el "bloqueo" de la ley presentada por los populares con medidas contra la okupación. Ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Bendodo ha asegurado que la vivienda y la okupación se han convertido en "dos de los principales problemas de los españoles" tras siete años de "abandono sanchista" y ha censurado que "la okupación ilegal haya crecido un 40% con Sánchez y se haya duplicado en los últimos diez años en Baleares".

En este sentido, el dirigente nacional del PP ha añadido que este PSOE y sus representantes son "el enemigo número 1 de la libertad y de la propiedad privada". "Ante esta situación, son las comunidades y los ayuntamientos del PP los que defienden los derechos de los españoles y gobiernan a su favor", ha manifestado, a lo que ha puesto de ejemplo el "Plan Prohens de Vivienda".

La candidata de la secretaria general de Podemos presenta su programa en el que estos son los principales puntos destacables. Por ejemplo, defiende la regularización de migrantes irregulares y que se les otorgue, además, la nacionalidad española mediante un proceso exprés aprobado por el Consejo de Ministros.

También reclama que España salga de la OTAN, limitar el control "oligárquico" de los medios de comunicación, una moratoria de toda compraventa de vivienda de no esté destinada al uso residencial, prohibir pisos turísticos y limitar un máximo de viviendas que pueda poseer una misma persona física.

Así lo estipula los documentos que presenta la candidatura de Belarra, bajo el lema 'Orgullosamente Podemos' y a cuyas líneas centrales ha tenido acceso Europa Press, que ha registrado para someterse a la reelección, dado que su lista al Consejo Ciudadano Estatal y al liderazgo de la formación es la única que ha reunido los avales suficientes.

Así lo ha expresado el expresidente del Gobierno en una entrevista en La Sexta. Al ser preguntado Zapatero sobre si Sánchez llevará al Congreso un proyecto de PGE para este año 2025,  ha respondido que es un asunto que no forma parte de su negociado.

A renglón seguido, sobre si parte de sus tareas consiste en convencer a Puigdemont para que apoye al Gobierno y respalde las Cuentas Generales del próximo 2026, se ha mostrado dispuesto a contribuir. "Si me piden hacerlo lo haré", ha asegurado.
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​Además, piensa que se producirá una reunión entre el jefe del Ejecutivo y el líder de Junts, Carles Puigdemont, antes de que termine la legislatura, cuando la amnistía sea "efectiva en todos sus términos" algo que, a su juicio, ya debería haber ocurrido. No obstante, ha asegurado que no ha hablado sobre este encuentro ni con Puigdemont ni con Sánchez y ha apostillado que solo habla con el jefe del Ejecutivo "cada cierto tiempo". "A veces oigo y leo cosas que me sorprenden", se ha quejado.

Directivos y exdirectivos de Google e Indra han asegurado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado que, por sus cargos, no tenían conocimiento de los detalles de la negociación para invertir en el 'software' del máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que --según Hazte Oír-- se habría apropiado la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Fuencisla Clemares, quien fuera directora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de 'go to market operations' para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica, ha sido la primera en comparecer. Durante poco más de media hora ha explicado que, aunque sabía de dicho convenio con la Complutense y de la inversión económica realizada, no estaba al tanto de los detalles porque tenía otras funciones adjuntas a su cargo.

La testigo ha explicado que tuvo conocimiento del proyecto a través de su equipo y que la decisión de participar en el 'software' se aprobó en un comité interno al entender que estaba alineado con los objetivos de la compañía en materia de sostenibilidad y digitalización de pymes. También ha señalado que en la tecnológica entendieron que la propiedad intelectual sería de la Complutense.

Por su parte, Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra; y Cristina Ruiz, exconsejera delegada de Indra y exconsejera ejecutiva de Minsait --filial de Indra--, han señalado que no tenían conocimiento de la inversión en el 'software' porque no era un asunto relativo a sus cargos. En este sentido, han precisado que en el comité de dirección estaban al tanto de proyectos de gran cuantía y éste no lo era.

El ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las filtraciones a la prensa de lo que denomina su "agenda" --la información contenida en los dispositivos que le fueron incautados durante el registro en su casa--, al considerar que constituyen un delito de revelación de secretos, al tiempo que ha señalado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como fuente.

En el escrito, García explica que en la entrada y registro efectuada en su domicilio el 19 de febrero de 2024 la Guardia Civil "intervino una serie de efectos y dispositivos electrónicos, consistentes esencialmente en teléfonos móviles, ordenadores, tablets, pendrives, etc", con información relacionada con su "actividad profesional" pero también de carácter personal suya y de terceras personas no implicadas en el llamado 'caso Koldo'.

García indica que, pese a que esa información solo estaría en poder de la UCO, "en los últimos meses se han venido produciendo y publicando una serie de 'noticias' en los medios de comunicación, no solamente relacionadas con el devenir de los procedimientos judiciales" en los que está investigado, "sino que se está desvelando el contenido concreto y específico de lo que se ha venido denominando 'la agenda de Koldo'", su "supuesta agenda personal".

El ex asesor ministerial recrimina que se han publicado "datos e información correspondiente a terceras personas que nada tienen que ver con el procedimiento judicial referenciado, y que en todo caso se están viendo afectadas por la difusión de las mismas, toda vez que se está menoscabando claramente el derecho a la intimidad salvaguardado en el artículo 18 de la Constitución Española".