El Supremo retrasa su decisión sobre Belarra para aclarar si puede juzgarla como aforada por llamar “corrupto” a García Castellón
El alto tribunal aplaza su fallo en la demanda civil del juez jubilado contra la líder de Podemos hasta resolver si debe juzgarla como diputada aforada o como ciudadana particular. La Fiscalía, aunque reconoce la gravedad de los insultos, considera "excesiva" la indemnización de 240.000 euros.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un acto de Podemos, en el espacio social y cultural Nau Bostik, a 9 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España).
El Tribunal Supremo ha decidido aplazar su decisión sobre la demanda por intromisión al honor presentada por el juez jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra. El objetivo es determinar si la diputada debe ser juzgada como aforada —al haber realizado las declaraciones desde su cuenta personal de X pero siendo miembro del Congreso— o si, por el contrario, se trata de una cuestión privada que debe abordarse en un juzgado de lo civil.
La Sala de lo Civil ha dado un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien al respecto. La demanda de García Castellón, quien reclama 240.000 euros por los insultos recibidos en redes sociales, acusa a Belarra de haberle llamado “corrupto” y “prevaricador”, lo que considera una grave vulneración de su honor. La Fiscalía coincide en el carácter ofensivo de las declaraciones pero ha sugerido rebajar la compensación a 20.000 euros, por considerar la cifra reclamada “excesiva”.
Durante la vista, la defensa de Belarra ha intentado restar trascendencia a los comentarios de la exministra, alegando que el propio García Castellón había declarado no sentirse afectado por críticas políticas y que su prestigio permanece intacto tras recibir reconocimientos. Sin embargo, la abogada del magistrado recordó que la dirigente morada ha ratificado sus palabras incluso en intervenciones recientes.
Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa el uso de redes sociales por parte de cargos públicos, así como los límites entre la libertad de expresión y la protección al honor, especialmente cuando quien lanza las acusaciones se escuda en la condición de aforado. Desde la izquierda radical, se apela al discurso político; desde el ámbito judicial, se recuerda que no todo vale, ni siquiera bajo el paraguas del Parlamento.
