Ayuso entra por la puerta de atrás del Supremo: su pareja y Montero, cara a cara por el honor perdido

Un nuevo frente judicial salpica a la política nacional y, de forma indirecta, a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia este jueves el proceso abierto por el empresario Alberto González Amador, pareja sentimental de Ayuso, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por una supuesta vulneración de su derecho al honor.

La demanda, que reclama una indemnización de 40.000 euros, tiene su origen en unas declaraciones de Montero durante una sesión de control al Gobierno en el Senado. Allí, la vicepresidenta vinculó abiertamente al empresario con un fraude a la Hacienda pública y lo relacionó con el escándalo de las comisiones por mascarillas en plena pandemia. Sus palabras no pasaron desapercibidas: “La presidenta madrileña vive en un piso que se pagó con un fraude a Hacienda”, dijo, y añadió que era “llamativo” que tanto el hermano como el novio de Ayuso estuvieran involucrados en “presuntos casos de fraude”.

Pese a lo mediático del caso, ni González Amador ni Montero han acudido personalmente al Supremo. Sus respectivas defensas, con la Abogacía del Estado representando a la ministra, han asumido el pulso jurídico.

La representación de González Amador sostiene que las palabras de Montero vulneran su derecho al honor y su presunción de inocencia, puesto que el empresario no ha sido condenado por ningún delito. Niegan que haya adquirido su vivienda con fondos fraudulentos y piden que se admita como prueba un argumentario interno del PSOE en el que, según apuntan, se basó la ministra para sus afirmaciones.

Por su parte, la Abogacía del Estado defendió que Montero actuó dentro de los límites de la libertad de expresión, recordando que los datos utilizados ya habían sido publicados por diversos medios. Además, argumentó que el carácter público del caso limita el ámbito del derecho al honor del demandante.

Este pulso judicial es solo una pieza más en el tablero de una guerra política cada vez más personal, en la que el foco sobre la vida privada de los dirigentes se convierte en munición política. En este caso, el apellido de Ayuso, aunque no figura formalmente en la causa, planea sobre todo el procedimiento, en un momento especialmente delicado para la presidenta madrileña, que sigue sumando enemigos en la Moncloa.

Ahora, será el Supremo quien deba dirimir si se ha cruzado la delgada línea entre la crítica política y el daño personal. Una sentencia que, más allá de lo económico, podría tener un alto coste reputacional para una vicepresidenta que no rehúye el cuerpo a cuerpo político, ni siquiera en los terrenos más sensibles.