El Gobierno destina millones a proyectos internacionales mientras ignora la red eléctrica española

El Consejo de Ministros celebrado este miércoles de manera excepcional ha desatado una nueva ola de críticas por la asignación de fondos públicos a proyectos que muchos consideran alejados de las prioridades de los ciudadanos españoles. Según las referencias publicadas por La Moncloa, el Ejecutivo ha aprobado millonarias partidas destinadas a la cooperación internacional, el fomento del cine en catalán y otros asuntos, mientras que problemas urgentes como la mejora de la red eléctrica nacional han quedado, una vez más, en el olvido.

Entre las decisiones más controvertidas destaca la autorización de un suplemento de crédito de 8.194.052 euros para el Institut Catalá de les Empreses Culturals y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Estos fondos se destinarán a subvencionar la producción, distribución, exhibición y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua catalana, una medida que ha sido interpretada como un nuevo gesto del Gobierno hacia los intereses catalanes, financiado con los impuestos de todos los españoles.

Pero las partidas no se limitan al ámbito nacional. El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a una serie de proyectos de cooperación internacional gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Entre ellos, se aprobó un total de 74 millones de euros para organizaciones no gubernamentales dedicadas a acciones humanitarias y proyectos de desarrollo sostenible a nivel global, con un máximo de 21 millones para el año 2025. Además, se destinaron 3,5 millones de euros a El Salvador para un programa de fortalecimiento del marco institucional del recurso hídrico, con un enfoque en género y cambio climático, y otros 2 millones a la República Dominicana para monitorear la calidad del agua. Incluso se aprobó una contribución de 10.000 dólares a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, una cifra que, aunque menor, ha sido señalada como un ejemplo más de gastos poco justificados.

Mientras tanto, las necesidades internas del país parecen haber sido relegadas. A pesar de los recientes problemas de suministro eléctrico y apagones en varias regiones, el Gobierno no ha anunciado ninguna partida para mejorar la red eléctrica española, una infraestructura que lleva años mostrando signos de obsolescencia. Este contraste ha generado indignación entre quienes consideran que los recursos deberían priorizarse en solucionar problemas domésticos antes de financiar iniciativas en el extranjero o proyectos culturales específicos.

El Consejo de Ministros también incluyó nombramientos, como el de Rocío Báguena Rodríguez como secretaria general de Transporte Terrestre y Movilidad Sostenible, un cargo designado por vía digital que no ha pasado desapercibido por su opacidad.

Las decisiones del Ejecutivo han avivado el debate sobre el uso de los fondos públicos en un contexto de crecientes dificultades económicas para muchos españoles. Voces críticas señalan que, mientras se destinan millones a proyectos de dudosa utilidad para el conjunto de la ciudadanía, cuestiones esenciales como la modernización de las infraestructuras básicas siguen sin respuesta. La pregunta que resuena es clara: ¿hasta cuándo seguirá el Gobierno priorizando agendas particulares sobre las necesidades reales del país?