Aragón planta cara al Gobierno: el Constitucional admite su recurso contra el reparto de menores migrantes

El Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, ha dado un paso firme en su batalla contra lo que considera una imposición injusta del Ejecutivo central. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la comunidad autónoma contra el Real Decreto Ley 2/2025, que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. Una norma que, según la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, no solo pisotea las competencias autonómicas, sino que rompe los principios de igualdad y solidaridad entre regiones, beneficiando de manera clara a Cataluña.

La decisión del Constitucional llega tras meses de tensión entre Aragón y el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que se aprobó el decreto el pasado 18 de marzo, Aragón ha denunciado que el mecanismo utilizado —un real decreto en lugar de una ley orgánica— es inadecuado para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los menores. “Este acuerdo no responde al interés superior de los menores, sino al interés de Sánchez”, afirmó Susín en su momento, dejando claro que la comunidad no está dispuesta a aceptar una normativa que, a su juicio, se pactó con Junts para contentar a los independentistas catalanes a costa del resto de España.

El recurso aragonés no solo cuestiona la totalidad del decreto, sino que también impugna de forma individual casi todos sus preceptos, argumentando que imponen una reubicación forzosa de menores sin el consenso necesario. Además, el Ejecutivo de Azcón ha criticado que el texto ignora los acuerdos previos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que promovían un modelo de corresponsabilidad y cooperación entre comunidades. En lugar de eso, el decreto establece criterios que, según Aragón, castigan a las regiones que más han trabajado en la acogida de menores, mientras premian a otras, como Cataluña, que habrían hecho menos esfuerzos.

La lucha de Aragón no se queda en el Constitucional. La comunidad ha presentado varios contenciosos administrativos, incluyendo uno contra la solicitud de datos sobre plazas de acogida y otro contra la convocatoria de la Conferencia Sectorial, que Susín calificó de “trampa” e “imposición”. Estas acciones reflejan el hartazgo de una región que se siente ninguneada por un Gobierno central al que acusa de actuar con opacidad y falta de diálogo. “No somos insumisos, cumpliremos lo que diga la justicia”, ha recalcado Susín, dejando claro que Aragón defenderá sus competencias hasta las últimas consecuencias, incluso recurriendo a instancias europeas si fuera necesario.

La admisión a trámite del recurso por parte del Constitucional es un primer paso, pero no incluye medidas cautelares, por lo que el decreto sigue en vigor mientras se resuelve el fondo del asunto. Mientras tanto, Aragón mantiene su postura de no colaborar con un reparto que considera desigual y politizado. En un contexto de crisis migratoria, con comunidades como Canarias desbordadas, el Ejecutivo de Azcón reclama una solución coordinada y justa, que no pase por imponer cargas desproporcionadas a unas regiones mientras otras salen beneficiadas.

Esta batalla legal pone de manifiesto, una vez más, las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP, que ven en estas políticas una muestra más de la “política de cesiones” de Sánchez a sus socios independentistas. Aragón, con su recurso, no solo defiende sus competencias, sino que alza la voz por una España en la que la solidaridad no se convierta en sinónimo de desigualdad.