Azcón desafía al Gobierno y se niega a entregar datos sobre menores no acompañados

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reafirmado este miércoles su negativa a facilitar los datos sobre menores migrantes no acompañados solicitados por el Ministerio de Juventud e Infancia. La decisión se produce tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el lunes. Azcón sostiene que el Decreto Ley que regula el reparto de estos menores entre comunidades autónomas vulnera la legalidad, motivo por el que su Ejecutivo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno central, por su parte, ha pedido “altura de país” a las regiones que aún no han remitido la información solicitada.

Azcón ha sido tajante en sus declaraciones a los medios: "No queremos que la ilegalidad se instale en nuestra comunidad autónoma". Según el líder aragonés, proporcionar los datos sería aceptar un sistema que, a su juicio, no se ajusta al marco jurídico actual. Esta postura lo sitúa como uno de los presidentes autonómicos más críticos con el reparto de menores migrantes impulsado desde el Ministerio que dirige Sira Rego.

Un pulso político con aroma a batalla legal

El conflicto entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Juventud e Infancia no es nuevo, pero adquiere ahora una nueva dimensión. Con el recurso de inconstitucionalidad como bandera, Azcón marca distancia del Ejecutivo central y pone en pausa cualquier colaboración que implique facilitar información sobre los menores no acompañados.

Desde el Ministerio, sin embargo, se insiste en la necesidad de solidaridad interterritorial y en que la atención a los menores migrantes debe prevalecer sobre los desacuerdos políticos. Sira Rego ha apelado directamente a la responsabilidad institucional de las comunidades: “La infancia no puede ser rehén de disputas administrativas. Necesitamos altura de país”.

Este nuevo episodio reaviva el debate sobre la cogobernanza y los límites del Estado autonómico. Mientras algunas comunidades han cumplido con la petición de datos, otras —como Aragón— han endurecido su postura. A falta de consensos, la atención a menores migrantes se convierte una vez más en terreno de confrontación política.

En medio de este tira y afloja, lo cierto es que miles de menores siguen esperando una respuesta institucional que garantice sus derechos. Una respuesta que, por ahora, parece estar atrapada entre recursos judiciales y discursos de firmeza.