La esperada sentencia del TEDH sobre el 1-O, un alivio para el independentismo

El Gobierno de Pedro Sánchez espera de forma inminente la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre las demandas presentadas ante él por el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, y los condenados por el Tribunal Supremo español por el Procés y su participación en la organización del referéndum ilegal y su vinculación a los altercados producidos el 1 de Octubre de 2017.

Ese asunto se encuentra ya en su fase final, a punto de hacerse público, después de que el propio TEDH requiriese a España más información recientemente sobre la no aplicación de la Ley de Amnistía a los condenados, un detalle que obvió en su relato la abogacía del Estado, pero que los condenados hicieron llegar en forma de quejas al propio TEDH.

Fuentes jurídicas aseguran que, atendiendo al desarrollo de los acontecimientos, al hecho de que los condenados fueran indultados parcialmente y que, posteriormente se haya aprobado una Ley de Amnistía que, según el Tribunal Supremo, no se puede aplicar a los líderes del 1 de octubre, incluido el fugado ex presidente Carles Puigdemont, por no ser aplicable – a criterio del alto tribunal - a los casos de malversación pública, la sentencia del TEDH tiene muchas probabilidades de acabar traduciéndose en un “alivio” no sólo anímico, sino de la propia pena impuesta por los tribunales españoles.

Estas mismas fuentes subrayan el hecho de que diversos miembros del TEDH han recibido insistentes mensajes de distintas instituciones políticas y judiciales españolas, empeñadas en “contextualizar” el 1-O y presentarlo como un hecho superado ya por las autoridades y la sociedad española. Vamos, que sobre el TEDH ha actuado un auténtico lobby en favor de la Ley de Amnistía y del “perdón” a los independentistas del 1-O.

Algunas de las fuentes jurídicas consultadas se inclinan por soluciones como la propia anulación de la pena, por ser considerada una «pena excesiva», mientras que otros se decantan por una sentencia que se dictaría contra el Estado español, pero que en realidad se referiría a la administración de Justicia, que -entienden- habría vulnerado los Derechos Humanos de los condenados.

De confirmarse las previsiones de las fuentes jurídicas consultadas, así como de algunos miembros del propio Gobierno de Sánchez, que no descartan ese «jarro de agua fría» para el Tribunal Supremo, cualquiera de los condenados, sobre los que pesa todavía la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, podría volver a presentarse en futuras elecciones. De este modo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, por ejemplo, podría aspirar a presentarse a las elecciones generales o a las catalanas, que de no haber adelantos electorales se celebrarían con posterioridad a las generales.

Curiosamente, en estos días, ese mismo Tribunal ha tomado una serie de decisiones que, en este caso, darían la razón al Estado español, en contra de las posiciones de los independentistas catalanes. Y, por supuesto, hay quienes entienden las últimas decisiones dando la razón a la Justicia española, como el preludio a la inminente desautorización de las mismas, que llegará en los próximos días.

Entre las decisiones del TEDH, contrarias a los intereses de los independentistas, en los últimos meses, se ha conocido el archivo de la demanda del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y del ex vicepresidente del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, que consideraban que se habían vulnerado sus Derechos Humanos por haber sido espiados gracias al sistema Pegasus que tanto dio que hablar en su día y del que fue víctima también el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o, mejor dicho, su teléfono móvil, así como el de la Titular de Defensa, Margarita Robles, o el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También recientemente el TEDH ha archivado la demanda presentada por Òmnium Cultural, contra la decisión de la Justicia de excluirlos del procedimiento que impone un mínimo del 25% de la lengua española en las escuelas públicas catalanas.