La justicia aprieta el cerco sobre el entorno de Ayuso: interrogado el fiscalista de su pareja por fraude fiscal

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid vive este martes una jornada clave en la investigación por presunto fraude fiscal que afecta al entorno más próximo de Isabel Díaz Ayuso. La jueza Inmaculada Iglesias ha citado como investigado a Javier Gómez Fidalgo, fiscalista de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por su supuesta colaboración en dos delitos fiscales y un delito de falsedad en documento mercantil. Un caso que, lejos de diluirse, parece estrechar el cerco judicial sobre las finanzas de González Amador y sus asesores.

Gómez Fidalgo, según detalla la Fiscalía de Delitos Económicos, fue el encargado de presentar las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades de la empresa Masterman & Whitaker correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. Esta mercantil, adquirida por González Amador en diciembre de 2020 por casi medio millón de euros, es el epicentro de las sospechas. Según un informe de la Agencia Tributaria, la compañía “carecía de valor” en el momento de la compra, lo que ha levantado alarmas sobre posibles maniobras para eludir impuestos. La operación, que la oposición ha calificado de “sospechosa”, alimenta las dudas sobre la transparencia en el entorno de Ayuso.

El fiscal, en su escrito, señala a Gómez Fidalgo como un “cooperador necesario” en los delitos fiscales, acusándole de haber jugado un papel clave en la presentación de documentos que habrían permitido el fraude. Sin embargo, no todos los implicados en el caso enfrentan el mismo destino. María Blanca de la Encarnación López Crespo, quien presentó las autoliquidaciones de otra empresa vinculada, Maxwell Cremona, ha sido citada únicamente como testigo. Según el fiscal, no existen indicios suficientes para imputarla, pero su testimonio podría ser crucial para esclarecer la responsabilidad de los principales investigados.

El caso, que comenzó con una inspección de Hacienda, ha escalado hasta convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para Ayuso. La presidenta, que siempre ha defendido la inocencia de su pareja, se enfrenta ahora a un nuevo capítulo judicial que la oposición no ha dudado en aprovechar. Desde el PSOE y Más Madrid, las críticas se han intensificado, acusando a la líder del PP de “falta de ejemplaridad” y exigiendo explicaciones sobre las actividades de González Amador. “No todo vale en política, y menos cuando se trata de jugar con el dinero de todos”, declaraba un portavoz socialista esta mañana.

Mientras tanto, en la calle Génova y en el entorno de Ayuso, el discurso es otro. Fuentes cercanas a la presidenta insisten en que se trata de una “cacería política” orquestada para desgastar su imagen, especialmente en un momento en que su liderazgo en Madrid parece incontestable. “Isabel no está imputada ni investigada, y este caso no tiene nada que ver con su gestión”, subrayan.

Lo cierto es que, más allá de las lecturas políticas, el interrogatorio de este martes pone de manifiesto la complejidad del caso. La jueza Iglesias, conocida por su rigor, tendrá ahora la tarea de determinar hasta qué punto las maniobras fiscales de González Amador y su fiscalista cruzaron la línea de la legalidad. Para muchos madrileños, la pregunta no es solo jurídica, sino también ética: ¿cómo afectará este escándalo a la confianza en una de las figuras políticas más carismáticas del panorama nacional?

El reloj sigue corriendo, y el caso promete nuevos titulares. Por ahora, la justicia tiene la palabra.