Sinhogarismo en Barajas: el Gobierno señala a Madrid mientras Ayuso reclama acción central

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, puerta de entrada a la capital de España, se ha convertido en un improvisado refugio para cerca de 500 personas sin hogar. Sin embargo, el Gobierno central ha decidido mirar hacia otro lado, asegurando que esta crisis humanitaria es responsabilidad exclusiva de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo claman por una respuesta que no deje a nadie atrás.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, la atención a las personas en situación de sinhogarismo o vulnerabilidad en Barajas no es de su competencia. "Estas situaciones son competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos", han indicado a Europa Press, añadiendo que los ayuntamientos también tienen un papel clave, especialmente en emergencias, conforme a la Ley de Bases de Régimen Local. El mensaje es claro: el balón está en el tejado de Madrid.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha ido más allá al confirmar que no hay solicitantes de asilo en el aeropuerto. Según han explicado, cualquier caso detectado por los Servicios Sociales debería ser derivado a sus programas, pero no tienen constancia de que esto esté ocurriendo. Así, el Gobierno central se desentiende por completo de la situación.

En contraste, la Comunidad de Madrid no acepta esta postura. Isabel Díaz Ayuso, en un reciente desayuno informativo, calificó la situación de "inasumible" e "impropia" de un país como España. Con un tono de indignación, la presidenta señaló que el Gobierno central "siempre" intenta cargar a Madrid con problemas que no le corresponden. "Es una cuestión de humanidad", subrayó, criticando la pasividad del Ejecutivo, que, según ella, permite que la imagen de la capital se deteriore mientras personas vulnerables sufren.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha aportado datos concretos: unas 500 personas viven en las instalaciones del aeropuerto, gestionado por AENA, una empresa pública estatal. "Son ellos los responsables y los que tienen que asumir las soluciones", ha enfatizado Rodrigo, exigiendo que el Gobierno central tome cartas en el asunto.

Este cruce de acusaciones deja en el limbo a quienes pernoctan en los fríos pasillos de Barajas, entre maletas y viajeros apresurados. La falta de coordinación entre administraciones agrava un problema que, más allá de competencias, es un drama humano. Mientras el Gobierno y la Comunidad de Madrid se pasan la pelota, la pregunta sigue en el aire: ¿quién dará un paso al frente para devolver la dignidad a estas personas?