La Fiscalía de Sánchez, al rescate de su hermano: solicita archivar la causa al no apreciar "indicios de criminalidad"

Si David Azagra no fuera el mismo ciudadano que David Sánchez Pérez-Castejón, la decisión tomada por la Fiscalía que hemos conocido este jueves resultaría muy difícil de explicar. El hecho de ser el hermano pequeño del presidente del Gobierno, posiblemente, sea clave a la hora de entender el posicionamiento del Ministerio Público. 

Los tiempos tampoco se pueden pasar por alto. Tan sólo 24 horas después de que las acusaciones populares hayan pedido tres años de prisión para David Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal, la Fiscalía de Badajoz solicita cerrar el caso alegando que las acusaciones se basan en conjeturas.

La Fiscalía reacciona rápidamente para proteger a un familiar directo del jefe del Ejecutivo. Y lo hace presentando un recurso de apelación para archivar la causa. La decisión contraviene abiertamente el criterio de la jueza instructora y refuerza la percepción de que el entorno de Pedro Sánchez disfruta de una coraza judicial a medida. Y es entonces cuando sobrevuela la pregunta en torno al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz: ¿Somos todos iguales ante la Ley?

Una plaza bajo sospecha… y una defensa a medida

Los fiscales de Badajoz, en su escrito, solicitan el archivo de la causa que investiga a David Sánchez por su nombramiento como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación provincial. Según esos mismos fiscales, no hay “indicios racionales de criminalidad” ni en su contratación ni en el proceder de los otros diez investigados, entre los que figura el líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Para la acusación popular, el menor de los Sánchez Pérez-Castejón debería hacer frente a tres años de cárcel por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y nombramiento ilegal. Además se exige la devolución íntegra de los salarios cobrados durante sus años en el cargo. 

El contraste entre ambas posturas judiciales no podría ser más nítido: mientras la jueza Beatriz Biedma ve base suficiente para procesar a David Sánchez, la Fiscalía insiste en que todo se basa en “hipótesis y conjeturas”.

El hermano que no sabía dónde trabajaba

Más allá del blindaje institucional, el foco se ha puesto en el testimonio. David Sánchez compareció en sede judicial sin poder explicar siquiera dónde se encontraba físicamente la oficina que dirigía, la Oficina de Artes Escénicas. Tampoco supo identificar a su equipo de trabajo, ni describir tareas o actividades concretas relacionadas con su supuesto cargo técnico.

Cuando David Sánchez fue capaz de mencionar a alguna persona con la que tuviera relación profesional, habló de Ángel Seco como colaborador habitual. Aunque tampoco pudo especificar su cargo o sus funciones. Para más inri, varios testigos -entre ellos aspirantes al puesto y responsables culturales- declararon ante la magistrada que la plaza estaba asignada de antemano para el hermano del presidente, y que el proceso fue un mero trámite. Sin ir más lejos, la directora de orquesta Cristina de Frutos, quien también se presentó a la misma plaza, reconoció que ya sabía que el puesto estaba dado y que el beneficiario iba a ser David Sánchez.

Después del esperpento de la primera declaración judicial, David Sánchez y su defensa decidieron responder únicamente a las preguntas de su abogado en la segunda comparecencia en las juzgados pacenses. Fue ahí cuando negó haber influido en la contratación de Luis Carrero en la Diputación de Badajoz. El mismo que, tras ser asesor del Palacio de la Moncloa, acabó recalando también en el organismo extremeño. 

Una historia que, casualmente, se repite

No son pocos a los que este polémico caso les recuerda peligrosamente a otros episodios recientes en los que el Ministerio Fiscal ha actuado más como escudo que como órgano imparcial, especialmente cuando la figura investigada tiene vínculos directos con el presidente del Gobierno. Las actuaciones de los fiscales también han sido especialmente controvertidas en el arranque del caso Ábalos o en el bloqueo de diligencias sobre Begoña Gómez. Parece que ahora vuelve a ocurrir con su hermano menor.

Estas decisiones no despejan las dudas sobre si el recurso fiscal se apoya en nuevas pruebas o busca una reinterpretación benévola de los mismos hechos, en función de determinadas causas. Mientras tanto, la credibilidad de la Justicia sigue erosionándose. ¿De quién depende la Fiscalía?