El funcionario acusado de facilitar un móvil a Ana Julia Quezada a cambio de sexo lo niega todo

Uno de los funcionarios de la prisión de Brieva (Ávila) acusados de un delito de cohecho por facilitar un móvil a Ana Julia Quezada, que cumple pena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha negado este miércoles ante el juez que investiga los hechos su implicación en ese supuesto trato de favor a cambio de relaciones sexuales con la reclusa.

Durante la toma de declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital abulense, el investigado, S.T, solo ha declarado a preguntas de su abogado defensor. La comparecencia se ha prolongado por quince minutos y durante la misma han estado presentes el representante del Ministerio Público y de la acusación popular ejercida por la letrada de la madre del menor asesinado, Patricia Ramírez.

En su declaración, el funcionario ha mantenido su inocencia y ha sostenido que ni él propuso a la reclusa tal intercambio de favores y que tampoco ella le trasladó idéntico trueque. Este supuestamente consistiría en mantener relaciones sexuales a cambio de que él le avisara de inspecciones en su celda, donde escondía un teléfono móvil que le habría facilitado su novia durante un vis a vis. Supuestamente, el funcionario se haría cargo del móvil durante dicho registro en la celda.

El funcionario, que ocultaba su rostro con gafas de sol y una mascarilla, no ha querido ofrecer declaraciones a la prensa, que lo esperaba a las puertas del juzgado. Sin embargo, su abogado ha manifestado que él es el más interesado en que se aclare esta situación. Quezada ya declaró por estos hechos el 28 de abril, pero se desconoce qué ha dicho al respecto.

El interrogatorio del funcionario se produce en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho, que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila contra varios funcionarios de la prisión que habría favorecido a la reclusa la tenencia de un teléfono móvil a cambio de favores sexuales. Los funcionarios han dejado de prestar servicio en el penal a raíz de estos hechos al haber sido suspendidos de sus funciones.

Relaciones presuntamente grabadas

Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con un funcionario de la prisión y con el cocinero; relaciones que podría haber grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar "chantajear" a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a una prisión de Barcelona, donde se encuentra su pareja.

Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconocería que tuvo "conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna" a través de un educador. "La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda", recoge el informe hecho público de la directora.

El caso de Ana Julia Quezada ha vuelto en los últimos días a las principales cabeceras del país por estos hechos, pero también después de que Patricia Ramírez denunciara que ha recibido amenazas de muerte. "Fuentes directas e indirectas de la prisión me informaron de que la asesina de mi hijo había dicho que me quiere matar, después de que yo, con mis comparecencias públicas, lograse parar el documental que ella estaba haciendo con una productora sobre la muerte de mi hijo", declaró la semana pasada Ramírez en rueda de prensa.