Un experto en seguridad deja en evidencia a Sánchez por sus wasaps: así deberían ser los protocolos en La Moncloa

Esta semana se han filtrado mensajes de WhatsApp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha suscitado un debate sobre los protocolos de seguridad en el entorno de La Moncloa. Además, se ha de recordar que recientemente no ha podido recuperar mensajes borrados del Fiscal General del Estado para la investigación sobre la filtración de información relativa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Ambos hechos han sido analizados este sábado en el programa ‘ESpolítica’ de ESdiario TV, que ha contado con la participación del experto en seguridad Miguel Ortega, director de seguridad.

En el caso de Pedro Sánchez, la filtración de sus mensajes personales plantea interrogantes sobre la protección de las comunicaciones del jefe del Ejecutivo y la eficacia de los sistemas de ciberseguridad en el Palacio de La Moncloa. Las filtraciones han generado críticas acerca de la posible vulnerabilidad de los dispositivos oficiales y la necesidad de revisar los mecanismos de protección frente a accesos no autorizados, más allá de las filtraciones que se puedan dar entre los participantes de las conversaciones privadas.

Por otro lado, el caso del Fiscal General del Estado ha generado gran repercusión después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmara que el 16 de octubre de 2024, día en que el Tribunal Supremo decidió investigarlo por presunta revelación de secretos, borró todos los mensajes de su móvil, lo que impidió recuperar cualquier comunicación anterior a esa fecha. Además, también eliminó su cuenta de correo de Gmail, obstaculizando el acceso a más información relevante para la investigación.

Ambos casos reflejan deficiencias importantes en el control y conservación de comunicaciones oficiales, especialmente cuando están sujetas a investigaciones judiciales. Las filtraciones y la imposibilidad de recuperar datos esenciales ponen de relieve la falta de protocolos sólidos y de una política de conservación de pruebas digitales adecuadas dentro de las instituciones del Estado. Estos episodios reabren el debate sobre la necesidad urgente de establecer medidas técnicas y administrativas que garanticen la integridad y la trazabilidad de las comunicaciones dentro del sector público, así como su disponibilidad cuando son requeridas en procesos legales.