Sánchez y sus fontaneros en el PSOE maniobran para acabar con la UCO

“Si Balas está muerto, mejor”. La frase, demoledora, no procede de un narco acorralado por la Policía Judicial. La pronuncia una persona muy vinculada al PSOE en el marco de una conversación registrada por la Guardia Civil y publicada en exclusiva este lunes por El Confidencial. 

El contexto es aún más perturbador: se trata de una operación política clandestina -a medio camino entre el chantaje institucional y la conspiración partidista- para desacreditar y, si es posible, desmantelar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La misma unidad que ha puesto en apuros -y, todo parece, indicar que continuará haciéndolo- a ministros, asesores y familiares del presidente del Gobierno en múltiples investigaciones judiciales.

En ESdiario ya contamos hace unos días que hay una operación para desacreditar a la Guardia Civil, bajo el relato fabricado en el ala oeste del Palacio de la Moncloa que se resume en un eslogan muy 'sanchista': "UCO patriótica".  

Tanto en Moncloa como en Ferraz se palpa una estrategia coordinada: construir un argumentario que identifique a la Unidad Central Operativa como parte de una supuesta “policía patriótica”, con motivaciones políticas, para invalidar sus actuaciones y erosionar su credibilidad ante la opinión pública. Pero esta operación va más allá de la propaganda: apunta a la médula de una institución clave en la lucha contra la corrupción.

Una operación de fontanería y fuego cruzado

La filtración del audio no es un hecho aislado. Llega tras meses de desgaste al aparato judicial y policial por parte del entorno de Sánchez. Las investigaciones de la UCO han cercado al exministro José Luis Ábalos, al actual secretario de Organización del PSOE -Santos Cerdán-, al Fiscal General del Estado, a su esposa Begoña Gómez, e incluso al hermano del presidente. El mensaje es nítido: quien investiga demasiado cerca del poder, acaba siendo objetivo del poder.

La mano derecha de Santos Cerdán en el PSOE, Leire Díez Castro, le aseguró a un empresario con el que se reunió que si acababa con el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, todos sus problemas se acabarían, como informaba hoy El Confidencial. En lugar de proteger la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el PSOE se lanza a su caza. Se trata de neutralizar al mensajero antes de que el mensaje salpique a Sánchez.

Todo esto se produce en el marco de una reunión, que se produjo por videoconferencia, asistieron la propia Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset -colaborador de Ferraz y procesado por fraude en subvenciones-, el abogado Jacobo Teijelo y Alejandro Hamlym, un industrial detenido por la UCO en 2019 en la operación Drake, un fraude en la venta de combustibles.

Criminalizar a quien investiga la corrupción

El relato del 'lawfare' que el Gobierno ha comenzado a aplicar al ámbito policial busca deslegitimar no solo a jueces o fiscales críticos, sino también a la propia Guardia Civil. El término “UCO patriótica”, utilizado en conversaciones privadas por dirigentes del PSOE, opera como un antídoto narrativo: permite colocar a los investigadores en el campo del adversario ideológico, minar su autoridad moral y presentarlos como parte de una trama política que persigue a la izquierda.

Pero la realidad es obstinada. La UCO no actúa por afinidad ideológica. Actúa cuando hay indicios de delito. Si investiga al entorno del PSOE es porque, bajo el mandato de Sánchez, el partido es sospechoso de haber tejido una supuesta red clientelar en torno a contratos públicos, adjudicaciones y tráfico de influencias con derivadas penales. De hecho, la opinión pública lleva semanas pendientes de un informe de la Unidad Central Operativa que avanzaría en este sentido, cercaría a Santos Cerdán y pondría negro sobre blanco unos indicios que dejarían noqueado al Partido Socialista y a su actual secretario general y presidente del Gobierno. Un golpe que solo mantendría al jefe del Ejecutivo en pie, a duras penas, sostenido por sus socios de legislatura y el interés común que les mantiene unidos: evitar la debacle electoral ante un PP que -según las encuestas- gobernaría con Vox. 

Impunidad como proyecto político

A tenor de la información hecha publica por El Confidencial, todo apunta a que lo que se está cocinando no es un ajuste de cuentas. Es un proyecto político a medio plazo para debilitar los contrapesos del Estado. Ya se ha intentado con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, con las Cortes Generales y con los medios de comunicación críticos -"jueces de ultraderecha y pseudomedios"-. 

Ahora le toca a la Guardia Civil. El mensaje a los funcionarios que se atrevan a incomodar al Gobierno es claro: nadie está a salvo. Parece que no es la UCO la que está politizada, más bien que el 'sanchismo' no parece dispuesto a tolerar que la ley alcance a su círculo de poder. De ahí que no sorprenda que se intente fabricar una sombra de sospecha sobre los que investigan. Hay demasiado intereses en juego.